En octubre, la fiscal general del Estado, María José Segarra, impuso a Florentino Delgado 10 meses de suspensión de empleo y sueldo más 2.500 euros de multa por su trato con los abogados de la exedil Áurea Soto en la causa urbanística contra el exalcalde Manuel Cabezas. Al exfiscal jefe de Ourense le cae ahora otra sanción: 18 meses de suspensión, sin trabajo ni nómina, por la polémica del piso que le costeó la Xunta y por la posterior querella contra una alto cargo de la consellería de Facenda que le había requerido que abandonara la vivienda. Delgado, con destino en Madrid desde mayo tras un cambio de destino después de ser apartado cautelarmente en abril, recurrirá en vía administrativa y si, es necesario, ante la Audiencia Nacional. En una resolución notificada anteayer, la fiscal general del Estado atribuye al exfiscal jefe dos faltas muy graves: abuso de la condición de fiscal para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales (un año de suspensión) e inobservancia del deber de abstención a sabiendas (seis meses más).

Durante 12 años, la Xunta costeó su céntrico piso de la calle Cardenal Quevedo, los 950 euros de alquiler de un domicilio de 200 metros cuadrados. Florentino Delgado saldó el pleito con el dueño de la vivienda asumiendo la deuda acumulada. Pero la Fiscalía General del Estado censura que no abandonara la vivienda cuando fue requerido por la administración autonómica, una vez que esta decidió dejar de satisfacer el alquiler. Además, la FGE actúa contra Delgado porque se querelló contra la secretaria xeral de Patrimonio por un presunto caso de acoso inmobiliario que fue archivado por el juez, con el aval posterior de la Audiencia Provincial. La funcionaria de Facenda había requerido precisamente al exfiscal jefe que abandonara el piso.

La marcha de Florentino Delgado dio lugar a un cambio relevante en el caso del 10% contra Manuel Cabezas, donde el papel del fiscal derivó en el primer expediente y suspensión, que también va a recurrir. Delgado no apreciaba delito, alegó prescripción y después solicitó que, si se investigaba al exregidor, también debería responsabilizarse al resto de integrantes de órganos colegiados que votaron a favor de las exenciones urbanísticas a determinados promotores. Tras su apartamiento, la Fiscalía General del Estado entregó la causa a Carmen Eiró, delegada en la provincia para los delitos urbanísticos. La fiscal aplica ahora otro criterio, totalmente contrario. Pide para Cabezas 7 años de cárcel, 17 de inhabilitación y una indemnización de 1,58 millones.