Una pareja con dos hijos de 6 y 7 años fueron desalojados ayer del piso de la Avenida de Portugal, en Ourense, en el que vivía de alquiler. No pagaban desde mayo. Stop Desahucios, que les gestionó una salida para que no estén sin techo y tengan cubiertas las necesidades básicas, reclama al Concello y la Xunta que habiliten viviendas de emergencia social. En 2018 se registraron 104 desalojos en la comarca de Ourense, 83 por el impago del alquiler, el 80%, por encima de la media nacional (66%). En 2017 hubo 158, 120 por la renta.
"En 2013 se creó un pacto cívico en el Concello del que no se ha hecho caso, tras una propuesta del BNG. Una comisión municipal debería estudiar cada caso. Las ayudas económicas puntuales solo mantienen a esas familias al límite, a punto de caer, sufriendo constantemente. Es imposible que así se estabilicen y busquen trabajo. Vemos casos de una desesperación absoluta", dice Roberto Pereira, de Stop Desahucios, que ayer se concentró ante la delegación del Instituto Galego de Vivenda e Solo. Acudió el edil del BNG Luis Seara.
El activista sostiene que potenciando la dotación de esos pisos para personas desahuciadas se favorecería también al propietario afectado por impagos del alquiler, "mientras que si se ven al límite dejan de pagar, muchas veces siguiendo los consejos de los propios trabajadores sociales". Los activistas afean a la administración "se olvidan de que la Constitución habla de la paz social y define cómo interpretar el derecho a la vivienda conforme a la Carta de Derechos Humanos y a los tratados internacionales".
