El grupo de gobierno de la Diputación de Ourense ha solicitado un informe jurídico a la Secretaría Xeral para conocer la repercusión que la sentencia del TSXG que confirma la anulación del concurso interno para la promoción interna de 69 funcionarios tendrá en la plantilla de personal de la institución. El portavoz del PP, Plácido Álvarez, reconoce que el asunto es "complejo" y afirma que el gobierno provincial no tomará ninguna decisión sin previamente conocer las conclusiones del secretario.
En todo caso, el diputado insiste en que el procedimiento que la Diputación convocó en 2016 y que ha sido anulado por la vía judicial es un "concurso de traslados interno, no abierto al público, sino para personal que ya tenía su puesto en la institución y que tuvo la opción de moverse de una sección a otra o de subir de categoría".
La Diputación tiene un plazo de dos meses para ejecutar la sentencia, pero Plácido Álvarez señala que existe la posibilidad de presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque es una opción que deberá valorarse desde los servicios jurídicos. "Nunca el presidente ni el grupo de gobierno nos apartamos de los informes jurídicos y no lo vamos a hacer ahora; hemos pedido un informe de posibilidades y haremos aquello que menos perjudique los intereses de la Diputación y los trabajadores".
La CIG, que interpuso esta demanda, exige la ejecución de la sentencia que implica que los trabajadores "deberán volver a sus puestos de origen y perder los beneficios que irregularmente le atribuía la Diputación", señala el sindicato. El portavoz del PP pide, por el momento, "no adelantar acontecimientos".
Por su parte, el PSOE reclamó la dimisión del presidente, José Manuel Baltar, "tras confirmar el TSXG el amaño de un concurso de personal para colocar a sus amiguetes en los mejores puestos". El portavoz, Rafa Villarino, señala que el presidente "es el responsable último de esta cacicada".
