Los policías gemelos Roy y Bernardo D. L. permanecen investigados por la muerte de su compañero y amigo Celso B. A., fallecido de un disparo en un despacho de la comisaría de Ourense el 9 de abril de 2016. Tras ser detenidos en enero de 2018 pesa sobre ellos una fianza individual de 60.000 euros, deben comparecer cada semana en el juzgado -durante meses, tuvieron que hacerlo a diario- y cuentan con el pasaporte retirado por un presunto homicidio del que Asuntos Internos no ve "ni un solo rastro", en contra del criterio de la comisaría provincial -investiga la UDEV de la Policía Judicial- así como de la magistrada instructora, Eva Armesto. Por primera vez desde que el proceso penal está abierto -más de 3 años y 3 meses, contando el periodo de secreto de las actuaciones-, la Fiscalía se manifiesta por escrito a favor del archivo de la causa. El ministerio público, que tras las detenciones había solicitado prisión preventiva hasta que no se aclarase de quién era la sangre hallada en una funda y el coche de los hermanos -no era humana-, no aprecia indicios de un crimen y se adhiere a la solicitud de la defensa, Neil González, que aboga por el sobreseimiento provisional.
En un escrito registrado en el juzgado este martes, la fiscal funda su decisión en "la dilatada instrucción practicada, el resultado de las diligencias obrantes y en especial" en el dictamen de Asuntos Internos, de 12 de junio, que concluyó que Bernardo y Roy no mataron a su compañero sino que este se suicidó por sentimiento de culpa, "ciertamente contrariado" y "consternado" por que el envío de los anónimos pudiera llevar a la detención de sus amigos -Bernardo, además, era su jefe en el área de prensa- por su causa. "A juicio de este equipo investigador no existen suficientes indicios para sospechar que la muerte implique una etiología homicida", afirman los investigadores. Además, la Fiscalía de Ourense tiene en cuenta dos resoluciones determinantes de la Audiencia Provincial sobre la competencia para investigar limitada a un presunto homicidio, del que no ve pruebas, así como que seguir investigando y pidiendo pruebas que no dan resultado supone convertir el proceso en "inquisitiva y general", un aspecto vedado en Derecho penal.
La familia del fallecido se opone. El abogado de la acusación particular, Arturo Mosquera, considera "absurdo" archivar la causa "sobre la base de un informe inconsistente, parcial, improcedente y absolutamente criticable" de Asuntos Internos. Según esta parte, hay "una cantidad de indicios" de que fue un crimen. También rechaza el archivo Beatriz Seijo, la abogada del exjefe antidroga, Antonio R. F., acusado él a su vez junto a otros tres agentes por presunta protección a traficantes que eran confidentes, en la Zamburiña, la operación que precisamente llevó a cabo a finales de 2015 la unidad de Asuntos Internos.
Una vez finalizado el trámite de informes y conocidas las posturas de todas las partes, la magistrada de Instrucción 3 resolverá ahora. Si mantiene que hay indicios contra los gemelos, la defensa y la Fiscalía recurrirán en apelación a la Audiencia Provincial para argumentar por qué debe cerrarse la causa de manera provisional, sin investigados y hasta que aparecieran nuevos indicios que justifiquen reabrir. En definitiva, la Audiencia tiene la última palabra. Todo el proceso puede durar meses. Con anterioridad, la sala ya relajó las medidas cautelares contra los gemelos, levantó el secreto de sumario que se mantenía sobre una pieza, limitó los delitos sobre los que podía investigar la jueza por cuestión de competencia y fijó un plazo máximo de instrucción de 18 meses, que sitúa el fin de la causa en el 21 enero de 2020, como muy tarde.
La fiscal, que dispone de una visión panorámica sobre el embrollo de la Policía de Ourense puesto que actúa en todas las causas de la comisaría que se han tramitado desde 2014 en los tres juzgados de instrucción de la ciudad, ha remitido un escrito escueto al juzgado en el que esgrime el informe del Grupo VI de Asuntos Internos que apunta a un suicidio de Celso B. A. "No parece lógico que Bernardo matara a Celso, pusiera el arma en seguridad con la corredera atrasada, manipulara la escena llegando a tocar a Celso, escribiera emails y mensajes de móvil, colocara las armas y se marchara, sin dejar ni un solo rastro de huellas dactilares, ni huellas de pisadas, ni vacíos en las manchas de sangre, ni restos de una posible limpieza de la escena". El fallecido, que era maestro de artes marciales, presentaba residuos específicos de disparo en su mano izquierda (era zurdo), así como sangre en el índice. "No existen vacíos o sombras, patrones alterados que determinen que una persona se interpusiera en la trayectoria de las proyecciones de sangre de la víctima". Tampoco había marcas de pisadas.
El criterio de la Audiencia
El máximo órgano judicial de Ourense, la sala de apelaciones en los casos de instrucción, reiteró el pasado mes de junio que la única competencia investigadora de la magistrada Eva Armesto en Instrucción 3 es el presunto homicidio, no el resto de supuestos delitos de la trama policial de Ourense cuyas pesquisas corresponden a las otras dos sedes de la ciudad, fundamentalmente a Instrucción 1. La jueza sostenía que el crimen fue el detonante y el modo de silenciar a Celso para que no revelara el robo de armas y los anónimos, en los que la UDEV implica al fallecido y a los gemelos, mientras que Asuntos Internos limita la participación al fallecido Celso, si bien la unidad también ha tomado declaración como investigados a los hermanos para completar el atestado que entregarán al magistrado Leonardo Álvarez acerca de la desaparición de pistolas en el búnker.
En un auto del magistrado Antonio Piña de junio, que apartaba como acusación al sindicato SUP, la Audiencia afirmó que la incidencia de los anónimos y el robo de armas en el supuesto homicidio "no deja de ser una mera hipótesis de investigación", sin que exista una conexidad que justifique la acumulación de las causas en el 3.
En resoluciones anteriores, la Audiencia ya había especificado que, de toda la trama policial que rodea a la comisaría de Ourense desde 2014, la jueza Armesto solo es competente sobre el presunto homicidio. Del robo de armas -aún sin autor investigado judicialmente- se encarga el magistrado Leonardo Álvarez, de Instrucción 1, así como de la operación que se desencadenó a partir de la sustracción del búnker: la Zamburiña, con cuatro policías antidroga de la comisaría de Ourense acusados de una presunta protección a traficantes, sus confidentes. La causa por supuestas injurias de los anónimos recayó en el juez Luis Doval, de Instrucción 2, quien declaró la prescripción del delito. La UDEV de la Policía Judicial concluyó en un atestado de 2017 que el fallecido y los gemelos investigados por el presunto homicidio, Bernardo y Roy D. L., habían participado en la trama de las armas y los anónimos. Asuntos Internos contradijo a la UDEV, de la que señala en un informe que descarta el homicidio sus "diversos errores de apreciación de diferente consideración que afectan al contenido de las conclusiones".
En una resolución de 4 de julio, cuya ponente fue la magistrada Ana María del Carmen Blanco, el tribunal provincial reprendió a la juez. "Pese a lo dilatado de la instrucción, los diversos informes periciales no han podido concretar la hipótesis que se baraja. Seguir interesando continuas ampliaciones de diligencias que no han ofrecido resultado a la investigación convierten a la misma en una investigación inquisitiva y general, vedada en el ámbito penal".
En ese mismo auto, el máximo órgano judicial de Ourense ordena a la jueza: "Debe en consecuencia irse perfilando el acervo indiciario con el que se cuenta y plasmarlo en la consecuente resolución que impulse el procedimiento". Si Armesto decide abrir juicio, la causa debería adaptarse a la ley del jurado puesto que los homicidios se resuelven con tribunal popular.
