En su primera comparecencia oficial, después de celebrar la reunión de la nueva Junta de Gobierno Local, en la que destaca el mayor número de mujeres, 6, frente a 4 hombres, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, asegura que "estamos haciendo lo básico", aunque los tiempos los considera "demasiado largos", por lo que lamenta que eso le impida "centrarme en lo que pasa en el exterior", sobre todo el "contacto directo con la ciudadanía y dar respuesta a las necesidades", así como poner en marcha muchos de los proyectos que se anunciaron en su momento.

Además de explicar que en estos momento los temas aprobados por la Junta de Gobierno y las firmas del propio alcalde que son prioritarias están relacionadas con cuestiones de las fiestas, debido a su inminente celebración, ya que empezarán el próximo sábado, 22 de junio. De ahí que en la reunión de ayer se aprobase la contratación de los grupos Marea e Izal, así como de la cantante Aitana, que actuarán en la explanada de Expourense los días 27, 28 y 29 de junio, respectivamente. Así como la adjudicación de la suministración, en régimen de alquiler, de las infraestructuras y escenarios necesarios para el desarrollo de las fiestas por un importe total de 81.536 euros. También se adjudicaron los contratos de suministración de los equipos de sonido e iluminación de medios auxiliares para la realización de los conciertos de las fiestas por importe de 32.374 euros.

Por otra parte, el alcalde firmó el decreto de nombramiento como teniente de alcalde único del Concello de Ourense a Jorge Pumar, concejal del PP y miembro de la Junta de Gobierno Local. Después de la sesión constitutiva de la corporación municipal y de la elección de alcalde que tuvo lugar el pasado sábado, 15 de junio, era necesario el decreto de Alcaldía de nombramiento de teniente de alcalde para el funcionamiento del nuevo ejecutivo.Además, los populares daban a conocer que su portavoz será Flora Moure.

Lo que queda pendiente de concretar, y esperan dar a conocer durante la jornada de hoy, es el reparto de las áreas para cada uno de los grupos, que, salvo ajustes puntuales, son las que adelantó FARO en su edición del pasado lunes, así como los responsables de las mismas. Eso llevó al regidor a señalar que en principio se podría celebrar un pleno extraordinario para dar a conocer todos estos nombramientos, mientras que se dejaría para la sesión ordinaria, el primer viernes de julio, todo lo relacionado con la asignación a los grupos que conforman la nueva corporación: DO, PP, PSOE, Ciudadanos y BNG, para lo que se mantendrán reuniones y se convocará una Junta de Portavoces.

Siguiendo su línea de ser directo en sus apreciaciones, Pérez Jácome reconoce que "la cosa dentro, en lo que se refiere al tema organizativo, estaba peor de lo que pensaba", y entiende que será uno de los retos del gobierno de coalición. Y aunque esto "se pueda entender como una crítica al anterior gobierno del PP", advierte que "no habrá ningún tipo de problema entre los dos grupos que vamos a gobernar el Concello".

Lo importante para el alcalde Jácome es ir dando respuesta a esos problemas para mejorar, sobre todo en lo relacionado con la optimización de la plantilla, después de detectar que "en algunos departamentos hay mucha gente, mientras que en otros son pocos, y eso tenemos que corregirlo". Esa fue a la conclusión que se llegó después de las reuniones que mantuvieron con los diferentes jefes de servicio del Concello.

De ahí que para el regidor una de las prioridades en lo que se refiere al área de Recursos Humanos y Personal, asignada en el pacto de gobierno al grupo de DO, y cuyo responsable está por decidir, pase por la contratación de un jefe de Personal, ya que después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulase el nombramiento de Javier Rodríguez Nóvoa se encuentra vacante, y ejerce esas funciones de forma provisional un funcionario de ese departamento.

Sobre la implantación del control horario, que para Jácome provocó una "polémica injustificada", quiso dejar claro que además de ser una cuestión que "venimos reclamando durante el pasado mandato", desde hace unos meses "es una obligación que tenemos por ley", y de nuevo recalcó que eso no significa que "se pretenda perseguir a nadie, sino cumplir la ley, que es lo que tiene que hacer una administración".