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La Valedora do Pobo requiere al Concello el expediente de una licencia urbanística

Es la tercera ocasión que lo hace, y los titulares del terrenos denuncian que llevan esperando dos años por el informe municipal - La situación derivó en la vía Contencioso-Administrativo

Parcela del edificio que fue derribado para construir un nuevo inmueble. // Iñaki Osorio

Parcela del edificio que fue derribado para construir un nuevo inmueble. // Iñaki Osorio

Una licencia urbanística marcada por la controversia, que llegó hasta la Valedora do Pobo, que hasta en tres ocasiones remitió requerimientos al Concello para remitir el expediente que a día de hoy sigue sin ser enviado, como denuncia el letrado de los propietarios de un solar en el número 49 de la calle Progreso, cuyo edificio en ruinas fue derribado con la intención de construir un nuevo inmueble.

Así, el letrado, Antonio Feijóo, señala que "la caótica situación" en que se encuentra el Servicio de Urbanismo, provocó que la licencia que los titulares solicitaron en junio de 2017 se siga demorando, con el agravante de que "aun no se cuente con informes".

Se trata del edificio sobre el que había una antigua edificación, demolida hace unos años. Durante la demolición aparecieron restos de lo que según la anterior edil de urbanismo, Áurea Soto, eran hallazgos arqueológicos. "Nada de es, ya que finalmente la edificación concluyó y se hizo un proyecto arqueológico que demostró que no había restos de interés", asegura Feijóo Miranda

La licencia solicitada a medio de instancia formalizada en julio de 2017, y el proyecto "permanece durante meses en un cajón, sin informar por los técnicos municipales". Y añadir que ocho meses después de la presentación consta el Informe de la Arquitecta Municipal.

En ese relato, indica que en abril de 2018 el expediente se remite a la Ingeniera Municipal quien hasta la actualidad, mas un año después, todavía "no se ha dignado a emitir Informe". La solicitud y el informe de la arquitecta se remiten, entre tanto, al Servicio Provincial de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, en marzo de 2018.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural demora la emisión del informe desde marzo hasta agosto de 2018. Y el informe que emite no hace más que pedir más documentación al Concello, y en concreto le solicita un informe técnico y otro jurídico. Notificado al Ayuntamiento el acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural requiriendo tales informes complementarios "han transcurrido desde entonces seis meses sin que hayan sido evacuados y en consecuencia contestando dicho requerimiento, a pesar de las insistentes peticiones de esta parte", denuncia el letrado de los titulares de la parcela.

Es por eso que mediante los escritos de 20 de septiembre de 2018, 25 de octubre del 2018, de noviembre de 2018, 26 de noviembre de 2018, "todos ellos sin contestar siquiera", presentó queja ante la Valedora do Pobo, y explicar que a día de hoy todavía no ha conseguido, después de tres requerimientos, que se le informe sobre qué ocurre con este expediente y con la arquitecta e ingeniera responsables de esta situación.

Para cuestionar el letrado las "lamentables" respuestas dada por el exconcejal de Urbanismo, José Cudeiro, a los requerimientos de información solicitados por la Valedora do Pobo, que se sustentaba en que "estaban pendientes de emitirse informes".Todo eso llevó consigo, como explica Antonio Feijóo, que e acudiese al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo contra el concello por no haber tramitado y resuelto el expediente disciplinario contra la ingeniera municipal, y por no haber contestado informando sobre el motivo de que este expedientes siga parado.

La denuncia pretende la "expulsión de la arquitecta e ingeniera y la depuración de responsabilidades en el Servicio de Urbanismo", indica.

Para el letrado de los titulares del terreno, que cuenta con licencia de construcción, resulta "deplorable" el funcionamiento del servicio de urbanismo del concello, y señalan en concreto a los responsables de encargado de tramitar expedientes de este tipo, lo que lleva consigo que la situación de demora -dos años- es "insostenible", por lo que hay múltiples expedientes con retrasos superiores a un año.

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