La acusación y las defensas detallarán el lunes sus argumentos sobre el caso de presunto fraude de subvenciones de la UE que ha sentado en el banquillo a Rogelio Martínez (PP), exdelegado de la Xunta y alcalde de A Arnoia hace 20 años, cuando se ejecutaron obras en el municipio de O Ribeiro cofinanciados con ayudas europeas del plan Leader II. Ayer, tras las últimas testificales y periciales, el fiscal confirmó que mantiene la petición de absolución para Martínez y los otros tres encausados: Pablo F. L. (secretario de A Arnoia, Beade y la Mancomunidade de O Ribeiro), Juan Emilio A. E. y Gumersindo Á. R. Considera que, de haber alguna irregularidad, fue administrativa. En cambio, la acusación popular, vinculada al PSOE, modificó su escrito de acusación y, además de atribuir falsedad documental, malversación y fraude de subvenciones, pretendía acusar también por prevaricación.

Tras la petición de Jorge Temes, la defensa de Rogelio Martínez, la sala recordó que ese delito fue apartado del procedimiento junto al de fraude y exacciones ilegales, con el estudio de las solicitudes de prescripción, que se saldó este miércoles con la exculpación de siete de los 11 acusados iniciales. Además, el tribunal decidió suspender ayer la vista y reanudarla el lunes con el trámite de informes de las partes, para salvaguardar el derecho de defensa, de manera que los letrados tengan tiempo para estudiar y rebatir el nuevo escrito de la acusación popular.

El abogado de esta parte, José Arcos, considera que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectivo y hará valer, en un hipotético recurso, su intención de acusar también por prevaricación. Temes criticó que "el relato de hechos es nuevo". Arcos defendió ayer que no se ha producido una calificación jurídica "a mayores".

Antes del debate jurídico, se produjeron las últimas declaraciones de este juicio. En 2006, siete años después de la concesión de la subvención y el mismo en que se presentó la denuncia penal, un inspector de Agader de la Xunta visitó la discutida nave que, según la acusación, ya existía. "Para mí no hay coincidencia con una planta de biomasa", afirmó el testigo. Según su declaración, "lo que se hizo fue adecentar la nave existente" y alguna maquinaria que encontró "no se corresponde con la especificada en la factura". No obstante, a preguntas de la defensa admitió que no existieron incidencias en el expediente, que el tejado y el revestimiento "parecían nuevos" y que fue a la inspección sin elementos de medición y sin hacer catas. El técnico declaró ayer que, tras constatar la ausencia de alguna máquina, "me dijeron que alguna había sido sustraída" pero no se aportó denuncia, para corroborarlo, durante la fase de alegaciones.

Entre la declaraciones favorables a los acusados, las de los obreros que trabajaron en la nave durante varias semanas. Aseguran que hicieron una limpieza de maleza, una zanja de refuerzo, que hormigonaron el suelo de tierra, que aplicaron llanos, reformaron el tejado, una pared y el cierre, además de acometer movimiento de tierras. "Estaba ruinoso", afirmó un obrero.

La defensa propuso la declaración de un arquitecto que valoró las obras acometidas tras la recepción de las ayudas. Las cifró en 39.000 euros. "De ninguna manera ajusté mi valoración al importe de la factura", afeó a la acusación.

En cambio, otro perito cuantificó en un total de 5.212 euros la reforma. En su opinión, "los trabajos ejecutados no se corresponden con la certificación emitida". En su opinión, la factura presentada carecía de fundamenta, asintió.

La Asociación para o Progreso do Ribeiro, la acusación popular ligada al PSOE -el exsenador Miguel Fidalgo volvió a estar ayer entre el público- solicita 16 años de cárcel para Rogelio Martínez y otros dos encausados -10 para Gumersindo- por falsedad, fraude de subvenciones y malversación. La defensa, la absolución o, si se dictase condena, la aplicación de atenuantes muy cualificadas de reparación del daño -la cuantía subvencionada se devolvió tras una sentencia de la Audiencia Nacional en 2009-, así como la de dilaciones indebidas "extraordinarias", dijo Temes.