La polémica en torno a la colocación de pantallas digitales en diferentes zonas de la ciudad, cuya adjudicación se encuentra recurrida en vía judicial, centra el foco en el proceso llevado a cabo. Así, por parte de la Xunta se solicitó al Concello toda la documentación con la que cuenta relativa a la instalación de 36 elementos de publicidad instalados en la ciudad, pantallas gigantes, mupis y reloj y termómetros para la comprobación de la legalidad viaria, ya que se encuentran en viales de su titularidad, y que en su momento fueron adjudicados a una empresa.

Es la respuesta de la Consellería de Infraestructuras a la denuncia presentada en septiembre del pasado año por un policía local, al considerar que la colocación y orientación de esas pantallas digitales "suponen un atentado contra la seguridad del tráfico en la ciudad". Lo que se aclara desde la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) es que a través de unos informes vinculantes, "con las condiciones particulares correspondientes", se autorizó la instalación de pantallas digitales en la calle Sáenz Diez y en la del Progreso, en la plaza Bispo Cesáreo, que son de titularidad autonómica.

Pero en la respuesta dada por la Xunta no se hace referencia a quien solicitó la instalación de las mencionadas pantallas en esos lugares concretos, aunque cuando se sabe que no fue el Concello como tendría que ser como organizador y promotor de un contrato de publicidad, sino que lo hizo un particular en representación de la empresa a la que el Concello le había adjudicado la explotación de las mismas con la firma de un contrato.

Así, el Concello viene ingresando dinero por una concesión de la que ahora la Xunta dicen no tener constancia, de ahí el requerimiento que se hizo al Concello de la resolución o cualquier documentación relativa a la instalación de esas pantallas.

En la denuncia realizada ante la Xunta se hace referencia a que la colocación de algunas de las pantallas existentes podría haberse realizado sin conocer la Xunta, como titular que es de los viales, de ser una concesión gratuita a un particular, en este caso la empresa adjudicataria, a un contrato público "cerrado" con el Concello y que le permite ingresar anualmente 105.000 euros por los 112 elementos de publicidad, de los que más de la mitad se ubican en viales que no son de titularidad municipal, ya que lo son del Estado, Xunta o Diputación.

De la respuesta recibida por parte de la Consellería de Infraestructuras, queda claro que no tiene conocimiento de que por parte del Concello se realizaron concesiones de ocupación de vía pública "a espaldas de su titular", que en este caso es la Xunta, además de percibir tasas e impuestos municipales de las mismas, como así se plasmaba en la denuncia que formalizó en su momento el policía local.

Además de todo esto, y que no hace más que dimensionar el problema, es que el Concello formalizó un contrato para explotación de estos elementos publicitarios con una empresa que no había ganado el concurso, ya que a la que inicialmente había sido la elegida, y posteriormente retirado, acudió al juzgado y presentó un recurso que ganaba en primera instancia, pero que fue recurrida por el Concello, por lo que queda pendiente de esa nueva resolución, que de confirmar la primera provocaría un serio problema al gobierno popular.