Se trata de un asunto que ya se encuentra en vía judicial, pues en abril de 2018 el grupo de OUeC presentó ante la Fiscalía una denuncia por presuntas irregularidades en la instalación de los paneles digitales. Y señalar que el gobierno popular pudo vulnerar el artículo 385.1 del Código Penal al poner en riesgo la seguridad del tráfico. Es por lo que solicitaron al fiscal que investigue el "grave riesgo de producirse un accidente", además de dejar constancia de todo lo que acontecía con el proceso de adjudicación. Así, por parte de OUeC se incide en que desde la redacción del pliego, que entienden "incumple" la propia ordenanza municipal que regula la publicidad exterior, pasando por la modificación en Junta de Gobierno Local, de una de las cláusulas del contrato, que es la relativa a la ubicación de las pantallas. En concreto dos de ellas de titularidad de la Xunta, como es la de Sáenz Diez y Bispo Cesáreo, que no aparecían en el pliego de condiciones del concurso.

Y a la espera de conocer la decisión de la Fiscalía sobre la investigación abierta por la denuncia de OUeC sobre esas presuntas irregularidades, a las que se le podrían el escrito de la Xunta remitido al policía local que denunció, el gobierno popular mantiene que los informes emitidos por diferentes departamentos municipales, como los emitidos por la Xunta o Patrimonio, avalan la instalación de las pantallas en esos lugares.