La Consellería de Facenda dejó de pagar en agosto de 2016 los 950 euros de alquiler de la céntrica vivienda de 200 metros cuadrados en la que reside el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, desde el año 2004. "La Xunta cesó en el abono del alquiler previa notificación a todas las partes. Desde ese momento la Xunta ya no es titular del contrato ni de ningún contrato de alquiler de cargos judiciales", sostuvo la consellería. Pero otro departamento de la administración autonómica, Vicepresidencia, Administracións Públicas e Xustiza, siguió costeando los gastos de suministro de la vivienda, y de hecho aún lo hace, según confirmó ayer un portavoz.
Este es el argumento de la consellería para abonar la luz, el agua o la tasa de recogida de basuras. Xustiza indice en que el fiscal jefe, Florentino Delgado, rechaza dejar la vivienda. Él considera que puede tener una especie de derecho adquirido pues en su momento asumió un puesto con la garantía de una vivienda aparejada. "Dado que la administración autonómica ha requerido al ocupante del inmueble para que abandone la vivienda y este se ha negado, cuestionando la resolución del contrato, debe evitarse cualquier conducta de la administración que pueda entenderse como una forma de coacción ilegítima al ocupante para forzarlo a abandonarla. En particular, debe tenerse en cuenta que la conducta de no abonar los suministros podría entenderse como una coacción inmobiliaria". Se da la circunstancia de que hay dos cargos de Facenda investigados tras una querella del fiscal jefe por una presunta coacción inmobiliaria a una nonagenaria.
La Xunta no descarta reclamar
La consellería de Xustiza argumenta que "si la autoridad judicial determina que la administración resultaba obligada al pago de la renta, cabe entender que también venía obligada al pago de los suministros. Si, por el contrario, se determina que el contrato se extinguió correctamente, la administración tendrá título para reclamar el importe de esos gastos al ocupante de la vivienda", concluyen.
El propietario de la vivienda pleitea contra la Xunta, como arrendataria, para que satisfaga los 21.706 euros, incluido el IVA, impagados desde que dejó de costear el alquiler, en agosto de 2016, hasta que se registró la demanda, en marzo de 2018. La jueza de Instancia 5 de Ourense, Ana María Gómez Bande, varía su postura inicial y deja sin efecto la celebración de vista pública. La Xunta consideraba "innecesario y superfluo" que hubiera juicio y cree que con el estudio de la documental y las conclusiones escritas basta para dictar una sentencia. En cambio, el abogado del dueño advertía indefensión y pedía salvaguardar las garantías procesales. Sospechaba de que la Xunta quisiera evitar "el debate jurídico en vista pública", periodistas incluidos.
En un auto de fecha 15 de febrero, notificado el lunes y que es firme, la magistrada confirma la cancelación de la vista inicialmente señalada para este viernes. La resolución de la demanda sin acto de juicio "es un criterio que se mantiene en números procedimientos de juicio verbal en el que habiendo solo prueba documental y siendo cuestión estrictamente jurídica, como es el caso, no se celebra vista", expone la jueza, que no aprecia causa de indefensión, puesto que además con el mismo auto se dio traslado a la parte demandante de la documentación de la Xunta que había pedido en enero.
La jueza da 10 días hábiles a la administración y al dueño para que presenten sus conclusiones. En su contestación a la demanda, la Xunta expuso que con "la documentación aportada por esta parte queda acreditada fehacientemente que no tiene deuda alguna" con el dueño.
