Carlos R. R., el hombre acusado de orquestar presuntamente en 2017, en dos ocasiones, el secuestro de un conocido abogado de Ourense y su familia, ha defendido hoy en su interrogatorio que "jamás, nunca" (dijo con énfasis) planeó retener al letrado, a su mujer o a su hija pequeña con el fin de recuperar una supuesta deuda, que el profesional niega. "Traté la mediación de una persona para que fuera a cobrar, no a secuestrar", manifestó el encausado. "Nunca, nunca", enfatizó. Se acogió a su derecho a responder solo a las preguntas de su defensa.
En cambio, la testigo con la que contactó en Vilagarcía de Arousa, para que junto a otro hombre (este no compareció al juicio alegando que no tenía dinero para viajar a Ourense) retuvieran presuntamente a la familia, asegura que efectivamente ese era el plan y confirmó que incluso les entregó el encausado un croquis sobre el domicilio y despacho del letrado. La mujer, que declaró desde la prisión de A Lama, ratifica que Carlos le dio un adelanto de 500 euros (las acusaciones sostienen que fueron 1.000). "Se trataba de coger a la mujer y la niña por un dinero que al parecer debía el abogado", testificó. Negó que acudieran a denunciar cumpliendo órdenes por el abogado.
Al percibir que no se trataba de un "vacile" como creía inicialmente, avisó a las autoridades y autorizó a la Policía que grabara una conversación en la que el acusado manifestaba su intención. También captaron otra al día siguiente, durante una reunión en el parking en el que los supuestos sicarios obtenían dinero indicando lugares de estacionamiento. La mujer, que junto a su compañero tuvo estatus de testigo protegido hasta el juicio, reconoció por fotografías al encausado.
La defensa sostiene que en ningún momento se habló de secuestro y que no consta así en las transcripciones. En una de las llamadas, el inculpado presuntamente usó lenguaje simulado, con expresiones como "pintar el piso", pero también constan en las escuchas frases como "tenemos que retener a la familia para que se acojone". Varios agentes de Policía declararon hoy como testigos para informar sobre el presunto primer intento. "Todo tenía visos de que la propuesta iba en serio", manifestó uno de los investigadores.
El abogado y víctima compareció como testigo. Con momentos de agitación y nervios por la situación que padecieron, el letrado negó que le adeudara "nada" después de un proyecto inmobiliario fallido en la zona de Pereiro de Aguiar, tras el que rompieron las relaciones iniciadas en 2004. Recordó que el inculpado ya fue denunciado por él en 2013, por efectuar pintadas en su despacho, y condenado en 2006 por amenazas ."Sufrí 12 años de continuas amenazas que fueron aumentando gradualmente", aseveró el letrado. "Lo pasamos muy mal. Cuando salió de prisión no sabíamos qué camino coger".
Su esposa, que también testificó este miércoles, relató que tras los hechos aumentaron las precauciones en el colegio con el hijo menor. "Hablé con los profesores para que el niño no saliera ni siquiera al recreo y otras madres me dijeron que estarían más pendientes del mío que incluso de los suyos". Cuando el acusado salió de la cárcel por segunda vez "nos encerramos en casa". La mujer ansía "su seguridad" y que la orden de alejamiento se mantenga.
Mañana es el turno de los funcionarios del centro penitenciario de Pereiro donde presuntamente el acusado ofreció a un preso dinero a cambio de que secuestrara al letrado cuando fuera excarcelado, con el fin de cobrar la supuesta deuda. El recluso, ya en libertad, está ilocalizable y su versión será leída. Un compañero de celda del acusado declaró hoy que escuchó en Pereiro algo sobre que Carlos R. R. buscaba a gente para un secuestro "pero no le di mucha credibilidad. Le pregunté una noche y me lo negó. Yo le aconsejé que se olvidara y se centrara en salir de aquí".
La Fiscalía solicita 6 años y medio de prisión así como la prohibición de que se aproxime al letrado y a los miembros de su familia durante un periodo de 7 años y 6 meses, como presunto responsable de un delito continuado de proposición para cometer un delito. La acusación particular, que ejerce el abogado Alfonso Pazos, reclama 38 años de cárcel en total por cuatro delitos continuados en grado de tentativa de secuestro, más dos intentos continuados de extorsión o amenazas condicionadas. Pide alejamiento y 51.266 euros de indemnización, la mayoría por daños morales. La defensa, a cargo de Isidro Losada, niega todos los hechos con "total disconformidad con la exposición fáctica", solicita la libre absolución y propuso la declaración como de testigos de dos reclusos.
