"Era fiscal delegado de Menores en Ciudad Real y llegué a Ourense para ser fiscal jefe en 2004 con unas condiciones, que creo que se tienen que cumplir, para un puesto que como muchos otros llevaba aparejado vivienda". El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, natural de Burgos, entiende que le asiste una especie de derecho adquirido para poder mantener gratis su vivienda de 200 metros cuadrados, ubicada en el centro de la ciudad de As Burgas, y cuya renta costeó la Xunta entre 2004 y el verano de 2016 -con una interrupción en 2008 durante el gobierno bipartito-, momento en el que dejó de abonar el alquiler, de más de 900 euros al mes. El País desveló ayer este caso.
El propietario, un octogenario, presentó demanda contra la Xunta en abril de 2018 y la jueza de Primera Instancia 5, Ana María Gómez Bande, ha señalado el juicio para el 22 de febrero, aunque la administración prefiere que no se celebre vista. El dueño, que no tiene conocimiento de quién está pagando luz o agua, reclamaba a fecha de la demanda 21.706 euros, incluido el IVA. En septiembre de 2016 ya presentó una reclamación administrativa previa, tras no recibir de la Xunta la entrega de las llaves del inmueble una vez que comenzó el periodo de impago. La administración no contestó a aquella acción. En la respuesta que sí dio a la demanda el septiembre pasado, además de procurar la nulidad del caso, la Xunta argumentó que entienden que ya no son parte en el contrato, una vez manifestada la decisión de extinguir el alquiler. Alegan que intentaron poner a disposición el piso requiriendo a Delgado las llaves.
El fiscal jefe subraya que el pleito vincula a arrendador y arrendatario, no a él -no está personado-, y deja claro que acatará "desde el primer minuto" la decisión de la magistrada. "Hay que esperar a la decisión judicial". Incide en que debe ser la jueza la que determine si puede seguir o no en el piso que la Xunta dejó de costear. "Yo creo que tengo derecho a quedarme".
La versión de la Xunta
La postura de la Consellería de Facenda, que gestiona el patrimonio de la administración autonómica y sus alquileres, es que "la Xunta resolvió hace tres años, en 2016, el contrato de alquiler de la vivienda del fiscal jefe de Ourense, que había sido suscrito en 2004. Ese contrato está resuelto". Según la administración, "precisamente, en 2016 la Xunta cesó en el abono del alquiler previa notificación a todas las partes. Desde ese momento la Xunta ya no es titular del contrato ni de ningún contrato de alquiler de cargos judiciales".
Florentino Delgado recuerda que él es "el más antiguo de los cargos judiciales de Galicia" y que la tendencia en España, ya no solo en el ámbito judicial -el fiscal superior y el presidente del TSXG viven en el palacio judicial de A Coruña- sino también con responsables de la Guardia Civil, la Policía o delegaciones del Gobierno, es que las principales autoridades tengan una vivienda que la administración pone a su disposición.
La autoridad que firmó el requerimiento en 2016 para que el fiscal jefe abandonase el piso y entregase las llaves fue la secretaria xeral técnica e do Patrimonio, María Socorro Martín. Fue objeto de querella por parte del fiscal jefe junto a otro cargo de Facenda por el presunto acoso inmobiliario a una nonagenaria. El ministerio público desliga uno y otro casos, puesto que la denuncia del fiscal jefe fue presentada a finales de septiembre de 2018, dos años después.
Críticas de PSOE y BNG
El piso del fiscal jefe, cuya situación fue adelantada por El País, suscitó el interés de medios nacionales y agitó el debate político. El PSdeG lleva el caso al Parlamento. La diputada Noela Blanco registrará una pregunta oral sobre el pago de los gastos de la vivienda del fiscal jefe para que la Xunta clarifique si sigue asumiendo algunos. El BNG ve "inadmisible" los hechos y cree que Delgado "debe ser apartado de sus funciones inmediatamente".
