El pleno de magistrados de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo se reunió este lunes para estudiar la demanda de la familia de Isabel Fuentes, asesinada por su marido en el hospital de Ourense, el 8 de mayo de 2015. La más alta instancia reabre el expediente a la jueza que no puso el foco sobre el marido ni restringió las visitas, al no considerar el primer ataque en casa como violencia machista, en contra del criterio de la Guardia Civil. El alto tribunal estima la demanda de la familia, según anticiparon a la letrada, Beatriz Seijo. En unos días se notificará la resolución que establecerá cuáles de las pruebas solicitadas por los demandantes se practican. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había denegado varias al resolver a favor de la jueza. Cautelosa a la espera de leer la sentencia, Seijo expresaba ayer una "gran alegría" por el criterio del Supremo, que sentará jurisprudencia sobre casos de violencia machista al ser una reunión del pleno.

"El sistema pudo haber protegido la vida de la víctima, no de la primera agresión en casa [un ataque a martillazos que el marido, Aniceto Rodríguez Caneiro, fallecido en septiembre en la prisión de A Lama mientras cumplía 32 años de cárcel, intentó hacer creer que había sido un robo], pero sí de la muerte. El atestado identificaba sin ningún género de dudas que se trataba de un caso de violencia de género", expone la abogada.

"Sin embargo, se dejó que la víctima viviese con su asesino. Tuvo tiempo para recuperarse hasta volvió a planta y, pese a las advertencias de la Policía Judicial de la Guardia Civil [desmontó la versión del marido a los 5 días en un atestado], la jueza hizo oídos sordos y no dejó que llegase a la Fiscalía un atestado que exponía un peligro real. El caso no podía estar más claro. Una jueza no hizo su trabajo y no protegió a la víctima, pese a que estaba obligada a hacerlo incluso de oficio. El resultado es que Isabel fue asesinada", reitera la letrada.

Seijo formalizó la demanda a finales de 2016 después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivara el expediente de denuncia contra la jueza -tanto la primera denuncia como el recurso-, al considerar que la instructora resolvió de forma razonada y motivada", adoptando "todas las resoluciones que procedían" y obrando "con arreglo a la ley". La jueza emitió un informe en el que alegó que no le habían expresado la situación de peligro que suponía el marido, ni que el primer ataque fuese un intento de asesinato y no un robo. Adujo además que los agentes tampoco detuvieron al marido. La jueza rebajó las sospechas de los guardias a "conjeturas". En el procedimiento abierto en el Supremo, la magistrada ha emitido otro informe reiterando sus argumentos.

La familia quería que el Supremo ordenara seguir investigando, como así sucederá, para que se cuente, por ejemplo, con el testimonio de la Policía Judicial, que el CGPJ no vio necesario. El propósito es acreditar "las dificultades que tuvieron para contactar con la magistrada o para entregar el atestado". La familia pretende "que se estudie por qué no se celebró una comparecencia de violencia de género para decidir sobre medidas cautelares o la prisión. El Consejo lo que hizo fue esquivar y contestar otra cosa", dice la abogada. Supuestamente la jueza solo informó a la Fiscalía por teléfono, sin llegar a remitir copia física del estado.

Esta fase sitúa otra vez al CGPJ en la decisión de examinar la actuación de la magistrada Cristina Fernández Viforcos, que llevó el caso en Instrucción 1 de Verín desde el primer ataque hasta abril de 2016, cuando cambió de destino con el sumario aún en instrucción. "La decisión del Supremo implica que la investigación contra la jueza va a seguir con la reapertura del expediente. Puede ser más o menos duro, explícito o implícito, e indicará qué debe hacer Consejo y qué pruebas se admiten. Ha sido un proceso verdaderamente proceloso y técnico, una carrera de obstáculos, volvemos a la casilla de salida", valora la letrada. El ponente del procedimiento es el magistrado José Manuel Siera Míguez.