Con la intención de cerrar la controversia suscitada, el alcalde Jesús Vázquez dijo estar dispuesto a reunirse con los bomberos que llevaron a cabo la huelga de hambre y los que la secundaron "por deferencia" a dos sindicatos "bien alejados ideológicamente, como son la CIG o SAP, y entender el procedimiento que se está llevando a cabo para resolver los problemas".
Así, durante su comparecencia para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local que se celebró ayer, el regidor anunció que "llamaré a los sindicatos para explicarles los pasos que estamos siguiendo", que posiblemente será la próxima semana, dejando claro que "no hay solicitud formal para la misma".
Vázquez puntualizó que "los compromisos que se asumieron los vamos a cumplir", y que se habrían fraguado en una reunión sin marchamo de oficialidad celebrada a finales del pasado año con representantes sindicales, excepto del SPPME, "que no asistió", y en la que asegura "se les trasladó cuáles eran las intenciones", entre las que se encontraban sacar plazas de bomberos, el complemento o plus de nocturnidad y la comarcalización.
Y al igual que en otras ocasiones, el alcalde hizo referencia a que "los informes técnicos entendían que se dan unas circunstancias para sacar las plazas vía interinidad, pero existe un informe en contra por parte de la Intervención con respecto a eso", por lo que se demoró todo el proceso. En cuanto al complemento o plus de nocturnidad y festividad, les trasladó a los sindicatos que "estamos de acuerdo, pero lleva su tiempo".
Comarcalización pendiente
En cuanto a la comarcalización, el alcalde reconoce que para ponerla en marcha "hace falta personal y, por lo tanto, sacar plazas". Y advertir que "analizaremos qué alternativas tenemos", en relación a la apuesta por interinos, y si no puede ser por esa vía, "será la otra", sin especificar cuál. Cuando en su momento se planteó la necesidad de paliar la precariedad de efectivos en la plantilla de bomberos de Ourense, que pasó de 72 a 50 -una merma de una veintena de efectivos-, a través de la interinidad, se toparon con la negativa de los sindicatos, partidarios de sacar plazas de funcionarios.
Eso llevó consigo que las previsiones de la Xunta, manifestadas por el entonces director xeral de Emerxencias, Luis Menor, en una reunión con el representante de la Diputación, Pablo Pérez, y concellos afectados por la comarcalización, de su implantación el 1 de enero no se cumpliesen.
Sobre esta cuestión, y para justificar el retraso, el regidor señala que se tuvo que negociar con la Xunta y Diputación, pues la cuantía económica era menor a la que finalmente se acordó, algo más de medio millón de euros, una vez se produjo un incremento adicional. Pero el principal escollo son las carencias de personal, que "hace imposible la comarcalización por la oposición de los sindicatos", asegura Vázquez, e incidir en que "no se puede poner en peligro la ciudad si se asumen más competencias".
