Manuel Cabezas (PP), el alcalde que más tiempo ha ostentado el cargo en Ourense, entre los años 1995 y 2007, se acerca al banquillo de los acusados por el caso de las cesiones urbanísticas, que se remonta a hace una década. La Audiencia Provincial rechaza su apelación y también la del fiscal jefe. En un auto firme, la sala confirma íntegramente la imputación del exregidor por el presunto delito de malversación de fondos en concurso con un delito de prevaricación. Entre 1999 y 2003 no se exigió a determinados promotores cesiones urbanísticas. El Consello de Contas fijó el perjuicio en 1,65 millones de euros. Junto al exalcalde también figura como investigado en la causa un antiguo edil de Urbanismo, Ricardo Campo Labrador, quien desistió de la apelación y cuya imputación también se confirma. Denunció en 2014 la exedil socialista de ese departamento, Áurea Soto.

La defensa del exalcalde pedía el sobreseimiento de la causa con respecto a Cabezas o, con carácter subsidiario, la continuación de la instrucción hasta identificar a todos los integrantes de los órganos colegiados que aprobaron no exigir a los constructores las cesiones del 10% de sus proyectos para aprovechamientos públicos. El fiscal jefe también solicitaba con carácter subsidiario la incriminación de terceras personas, en particular de los concejales responsables de urbanismo que propusieron a los órganos colegiados la aprobación de las resoluciones, o la de todos los integrantes de los plenos y comisiones que aprobaron la no exigencia de los aprovechamientos urbanísticos desde 1999 hasta el 2003.

En una resolución de la que es ponente la magistrada Amparo Lomo del Olmo, la Audiencia concluye que: "examinadas las actuaciones, y conviniendo con la instructora, existen indicios suficientes, particularmente la documental relativa al informe del Consello de Contas, para mantener la imputación frente a los investigados". El tribunal recuerda que con anterioridad ya se pronunció sobre la existencia de indicios de malversación de caudales públicos.

Esta fase del proceso, en el final de la instrucción, no es el momento para examinar las alegaciones del exalcalde y el fiscal, "por resultar materia propia, en su caso, del acto de plenario".

La Audiencia dice que la defensa de Cabezas no tiene "legitimación para interesar la imputación de terceras personas, razón por la que no cabe atender a lo solicitado". Y reprende a la Fiscalía: "A lo largo de toda la instrucción de la causa no se interesó en ningún momento la imputación de esas terceras personas, con lo que -al margen de que con tal petición se pretende hacer una causa general, no admisible- resulta extemporánea la petición efectuada. A ello debe unirse que la imputación a esos terceros versaría sobre un presunto delito de prevaricación y resultaría que el mismo habría prescrito, habida cuenta que datando los últimos hechos del año 2003 y dirigiéndose el procedimiento frente a los mismos en el año 2018, habrían transcurrido con exceso los diez años señalados para la infracción mencionada", expone la ponente.

La jueza Eva Armesto, sustituta de Leonardo Álvarez desde que la denunciante Áurea Soto se querelló contra el juez, considera que con las cesiones urbanísticas hubo "una desviación del derecho de manera grosera, clara y evidente". La instructora dejó la puerta abierta a investigar si más cargos del Concello de Ourense de la época fueron culpables, porque entendía que "de todo lo actuado resulta la voluntad conjunta de todos los miembros del Ayuntamiento en continuar dando cumplimiento a al acuerdo de 1994 de no exigir el aprovechamiento tipo del 10 % a pesar de la modificación legislativa, con el consiguiente perjuicio para la corporación local, por cuanto supuso la sustracción de efectos o caudales del erario de la misma".

Fiscal jefe y defensa argumentaban que no hubo informes negativos, orden directa de irregularidades y que existía un acuerdo del pleno de 1994 -gobernaba el PSOE- que acordó no reclamar las cesiones, con el informe del secretario.

En aquella época urbanística que analiza la jueza en el caso del 10%, se gestó el plan de urbanismo que el Tribunal Supremo anuló en 2011, tras 9 sentencias de nulidad previas y un cambio acreditado de edificabilidades. Como consecuencia, la ciudad sigue regida por un marco de desarrollo obsoleto, del año 1986.