Problemas urbanísticos en la ciudad

El Concello debe fijar garantías para indemnizar por la sentencia de derribo de pisos en Marcelo Macías

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia así lo ordena en una resolución que confirma la demolición, recurrida por la comunidad de propietarios - El fallo afecta a 90 familias que adquirieron sus viviendas en esos inmuebles

Inmuebles de Marcelo Macías afectados por la sentencia del derribo. // Brais Lorenzo

Inmuebles de Marcelo Macías afectados por la sentencia del derribo. // Brais Lorenzo

Ourense

El gobierno municipal decidió ayer no recurrir la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en la que se ordena al Concello la demolición de varias viviendas, que afectan a 90 familias, en dos inmuebles en la calle Marcelo Macías, cuya comunidad de propietarios presentó el correspondiente recurso de apelación contra el auto de 2 de julio de 2017 del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense en el procedimiento de ejecución definitiva de la sentencia dictada en octubre de 2013.

Pero el fallo insta al Concello a proceder a la ejecución definitiva de la sentencia y ordena que, paralelamente al proceso de demolición, que sigue su procedimiento, se deben determinar las garantías y cuantías económicas que deberá prestar la Administración local para indemnizar "a los terceros que resulten afectados por la misma", en este caso las personas que adquirieron en su momento esas viviendas sobre las que ahora pesa una orden de derribo.

Denuncia

Una situación que arrancasen 2005, cuando vecinos de la zona, propietarios de unos terrenos colindantes, presentaron la correspondiente denuncia-demanda por entender que el proyecto de construcción de esos inmuebles, ahora con sentencia de derribo, superaba la edificabilidad permitida. El proceso judicial se fue prolongando en el tiempo y, en medio, llegó la anulación definitiva del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 2003, que le daba cobertura legal, con lo que quedan sin efecto las licencias con las que contaban los inmuebles, para producirse una sentencia judicial que ordena el derribo.

Los propietarios de los terrenos próximos habían reclamado al por entonces gobierno popular contar con las mismas condiciones urbanísticas y al ser rechazada acudieron a la vía contencioso-administrativa que en primera instancia atendía el recurso presentado, y dejaba sin efecto la recalificación que se había producido de esos terrenos en donde se procedía a la construcción de los tres inmuebles en la calle Marcelo Macías.

Por su parte, los propietarios de las viviendas alegan que cuando las compraron estaban legalizados y en su momento, nada más conocerse la sentencia de demolición, que "de ejecutarse el derribo, supondría el pago de indemnizaciones millonarias que debería pagar el Concello; es decir, los vecinos de Ourense".

Dejan claro que compraron sus viviendas "con todas las autorizaciones legales exigidas por el ordenamiento jurídico en España -licencia de obras y licencia de primera ocupación- y ni en el momento de su adquisición ni tampoco posteriormente se hizo constar ninguna anotación en el Registro de la Propiedad sobre la existencia de ningún procedimiento judicial a resultas del cual pudiera llegar a declararse la nulidad de la licencia y la demolición del edificio".

Suscríbete para seguir leyendo

Tracking Pixel Contents