Por el edificio judicial de O Couto, el que alberga desde la primavera de 2015 la mayoría de los juzgados en Ourense, pasan a diario una media de 1.000 personas, cada una con sus obligaciones, problemas e inquietudes: abogados, procuradores, funcionarios, investigados, denunciantes, testigos o peritos. La cifra cae en julio y, sobre todo en agosto, pero determinada actividad, como las detenciones no paran. Durante todo el año, solo hay tres agentes de Policía Nacional para labores de vigilancia, control de accesos y cualquier incidencia en materia de seguridad. El número se reduce a dos en verano, por las vacaciones, y durante el resto del ejercicio en caso de bajas y permisos. Lejos de la cifra de 9 agentes de 2012 cuando, además, solo había un edificio judicial en la ciudad -el Pazo de Xustiza, sede en la actualidad de la Audiencia Provincial y Menores-, el déficit preocupa. El sindicato SUP, el mayoritario en el cuerpo y la comisaría, lleva meses denunciando la situación. Recientemente se sumó a la causa Alternativas na Xustiza-CUT, que además ha alertado de la mala ubicación de las cámaras de videovigilancia. Ayer, representantes del SUP informaron el juez decano de la falta de policías para el denominado servicio UVEX. El magistrado Leonardo Álvarez, que comparte la inquietud, mediará para buscar soluciones.
"Existe un problema por la sobrecarga de policías que incluso acumulan muchos días sin descansar. Obviamente, la seguridad del edificio se resiente y, a todas luces, hace falta más personal. Si se produce un problema en otra parte del edificio, o cualquier de los jueces solicita la presencia de un policía en la sala de vistas o el juzgado, el control queda atendido de forma insuficiente", sostiene la autoridad, máximo responsable judicial de un edificio propiedad de la Xunta de Galicia.
El juez actuará en varias vías. De entrada, urgirá a la administración autonómica que "aunque no tiene la culpa de este problema", dote más vigilantes privados -son 3 profesionales los que apoyan la labor de los policías-, para que "refuerce cuanto antes la seguridad del edificio".
Porque la cobertura de vacantes para este servicio -al que se da cobertura desde 2006 a base de convenios entre Xunta e Interior, con una última versión de diciembre de 2017- podría demorarse varios meses y depende de la Dirección General de la Policía. Desde septiembre de 2015 no se convoca ninguna vacante en el UVEX de Ourense. Con todo, Leonardo Álvarez sopesa remitir un escrito al Ministerio para que dote los puestos, además de comunicar la situación al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Actualmente, hay un máximo de 3 policías nacionales y 3 vigilantes de seguridad privada que deben repartirse para vigilar el Pazo de Xustiza y, en el caso del edificio de O Couto, para encargarse del control de accesos y del perímetro en el horario de atención al público, de visionar la veintena de cámaras del interior y el exterior del complejo, así como de dar servicio al juzgado de guardia durante toda la jornada. Con el riesgo, siempre posible, de una emergencia que requiera un desalojo del edificio.
El lunes, el agente Alejandro Mouriño no dio abasto. Auxilió a un hombre mayor que sufrió un posible infarto cuando se encontraba en el Registro Civil, y también tuvo que velar por que no se registraran problemas, con dos casos de violencia de género, en el vestíbulo del juzgado de guardia, en el que se cruzan y conviven las partes enfrentadas, mientras en la sede tienen lugar los interrogatorios a detenidos, denunciantes y testigos. "La presencia de un policía es disuasoria en muchas ocasiones, y evita que se produzca un altercado. Hay que tener en cuenta la seguridad del edificio y que deben tener unas condiciones dignas. Si pasa algo, ¿de quién es la culpa", avisa el juez Leonardo Álvarez.
El secretario general del SUP en Galicia, Roberto González, y el responsable de organización del sindicato policial en Ourense, José Antonio Rodríguez, informaron del problema al decano ayer. El déficit de policías en el UVEX, generalizado en Galicia y acuciante en la ciudad de As Burgas, se suma a que los agentes destinados en este servicio no cobran el complemento desde febrero. Jueces y fiscales cobran las guardias pero los policías no.
El 8 de agosto, el secretario provincial del SUP, Antonio Pousa, ya dirigió un escrito al decano -estaba de vacaciones- en el que, además de solicitar su mediación por el déficit de personal, advertía que si las retribuciones no se restituyen "nos veremos en la situación de solicitar a nuestros superiores que estos funcionarios dejen de prestar servicio de vigilancia durante los fines de semana y festivos en los juzgados de guardia".
