La juez amplía las sospechas del caso del 10 % a una junta de gobierno de 2003
Cita como investigados a los miembros de una comisión, entre ellos un exalcalde, el actual concejal de Deportes y el hoy jefe de Personal
redacción | Ourense
La causa por presunta malversación y prevaricación, por el hecho de que no se hubiera exigido a determinados promotores de Ourense el 10% de sus proyectos privados para aprovechamiento público, en la que estaban investigados el exalcalde Manuel Cabezas y el exedil de Urbanismo Ricardo Campo Labrador -para el exconcejal del área Julio Díaz Sacedo ya se había declarado prescrita la responsabilidad-, se ampliará a los integrantes de una junta de gobierno del PP del 25 de noviembre de 2003. En aquella época eran miembros, entre otros, el actual edil de Deportes Mario Guede -que ayer desconocía la posible citación pero recuerda que los asuntos van a junta con informes técnicos-, el exalcalde Enrique Nóvoa -entonces responsable de Urbanismo-, o el jefe de Recursos Humanos, Francisco Javier Rodríguez Nóvoa
La magistrada Eva Armesto da marcha atrás a un auto de procedimiento abreviado y tomará declaración con abogado -todavía no hay fecha- los asistentes a la comisión de gobierno de noviembre de 2003, tal y como pedían el propio exregidor y el exedil Labrador.
El fiscal jefe, que al principio solicitaba el archivo del caso, pidió exonerar de responsabilidad a Manuel Cabezas o ampliar la causa contra todos los miembros de lo plenos o omisiones que hubieran votado a favor de las exenciones.
La fase de las acusaciones
La instructora -a quien el fiscal jefe pidió la semana pasada la "inmediata y urgente" resolución de los recursos que llevaban meses pendientes de resolver- se retracta y deja sin efecto la vía de investigar a todos los que participaran en órganos colegiados. Da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para que formulen su escrito de acusación, o de petición de sobreseimiento, en el plazo de diez días.
La exconcejala de Urbanismo del PSdeG, Áurea Soto, denunció en 2014. Aportaba un informe del Consello de Contas corroboró que el Ayuntamiento había dejado de percibir 1,65 millones de euros por el perdón a los constructores del 10%
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