"La pelota está en el tejado de la Xunta, es la que tiene que llamar para hacer una oferta", advierten los sindicatos después de la reunión fallida del lunes y ante las posturas alejadas sobre el incremento salarial que reclaman los funcionarios de justicia para equipararse con otras comunidades. La Xunta acepta subir entre 108 y 135 pero no inmediatamente, lejos de la petición de los trabajadores, que piden 180 de manera inmediata. Ayer en Ourense hubo asamblea y el sentir mayoritario es el de "resistir". Además, los funcionarios mostraron su descontento con el descuento que han sufrido en sus nóminas por sumarse a la huelga. Para quienes hicieron servicios mínimos se cerró el periodo de cómputo el 5 de marzo pero para los que suscribieron la protesta, el 9. Hay descuentos de hasta 1.000 euros y salarios rebajados a 400, según el sindicato Alternativas na Xustiza-CUT.
El paro -que hoy cumple la jornada número 50- obligó a cancelar este martes un total de 22 vistas programadas en un solo juzgado: el Social Número 2. Son más de 1.300 desde el inicio de la protesta. A las suspensiones se une la paralización de buena parte de la actividad y el atasco que se avecina, de meses. Muchos juicios no podrán celebrarse hasta finales de año o inicios de 2019, especialmente en el juzgado de lo Mercantil. Los sociales tienen la agenda de señalamientos cerrada. El comité de huelga vaticina señalamientos cuando no haya huelga por la imposibilidad de procuradores y abogados de asistir a dos vistas a la vez.
