La Comisión Intermunicipal para el bombeo del agua Razamonde- San Trocado denuncia el paralelismo existente entre la elaboración del convenio para la gestión de este bombeo y el "modus operandi" de las tramas del agua, que según los expertos se produce en España. Dice que alertan los expertos del peligro de las empresas mixtas formadas por multinacionales e instituciones públicas, que en el caso de este convenio es Aquaourense la empresa mixta formada por Aquagest (Viaqua) y la Diputación.
Advierten de que es habitual que las empresas mixtas asuman directamente durante el tiempo del contrato competencias públicas sin pasar por concurso público, eliminando o reduciendo así la figura del concurso público. Y "en nuestro caso, es la Diputación la que por delegación transfiere la ejecución del convenio a Aquaourense sin que la asignación del convenio de 55.718,61 euros pasara por concurso público".
Señala que alertan los expertos, de que a pesar de que la multinacional suele tener la participación mayoritaria en la empresa mixta, su actuación se limita a la gestión y administración de la misma, quedando reservado en exclusiva, para la institución pública, el control absoluto de la empresa. Y "en nuestro caso Aquagest tiene el 66 por ciento de la participación y la Diputación el 34, teniendo ésta última el control sobre la empresa, por tener el control sobre el mercado, es decir, los clientes, o lo que es lo mismo, los alcaldes, en este caso los de Punxín, Cenlle y San Amaro".
Añade que "en el concurso público no es la entidad pública la que oferta la privatización del servicio publico, detallando el mismo, pues es la empresa mixta la que presenta y oferta una modalidad de servicio. Y "para nuestro bombeo son los alcaldes los que solicitan colaboración a la Diputación y es ésta la que oferta la delegación de la gestión en Aquaourense y además es la que elabora los costes y los términos legales del mismo".
Apunta la comisión que remarcan los expertos, que en la modalidad del servicio que presta, la empresa mixta no contempla la per- cápita que la entidad pública está dispuesta a pagar por usuario, pues es ella la que fija lo que está dispuesta a cobrar por usuario, seleccionando y cubriéndose de potenciales riesgos posibles y futuros. Así, "una vez más, en nuestro convenio es la Diputación la que elabora el coste del servicio, no en función de las necesidades vecinales, si no que lo calculó según las necesidades de Aquaourense y del cien por cien de la capacidad técnica del bombeo, a sabiendas que los vecinos solo precisan utilizar la mitad".
Añade que también la Diputación en la renovación del convenio para el 2017 incluye la cláusula de riesgo y ventura que asegura a Aquaourense cobrar el cien por cien de lo acordado en el convenio, aun a pesar de saber que el coste real del servicio va a ser inferior.
Y "confirman los expertos, que dentro del coste por servicio que oferta la empresa mixta figura un beneficio oculto que se gestiona de forma opaca", y la Comisión Intermunicipal "viene denunciando desde hace tiempo la existencia en el coste del servicio para el convenio, de sobre costes, intereses políticos y personales que nada tienen que ver con las necesidades de los vecinos y si mucho con la mala gestión en las instituciones por parte de los que intervienen en la elaboración del convenio".
