La máxima de la responsabilidad ambiental dice que quien contamina, paga. El mayor vertido registrado en el río Barbaña, el afluente del río Miño que recoge los residuos de los principales polígonos de la ciudad, tuvo lugar el 24 de junio de 2009. Un vertido industrial que no fue frenado por la depuradora de San Cibrao das Viñas causó una devastación de flora y fauna a lo largo del tramo de 5 kilómetros entre la planta de tratamiento y la desembocadura del afluente, bajo el puente del Milenio, en Ourense. Nunca se localizó a la empresa responsable. La instrucción de este presunto delito ambiental lleva 7 años en marcha, con demoras, archivos y reaperturas. "Ríos Limpos", la plataforma creada por varias asociaciones vecinales que en 2009 presentó querella, registró ayer su escrito de calificación. Pide penas de 3 años y 4 meses prisión para los 4 técnicos de la depuradora, acusados de un delito ambiental por imprudencia. Pero además cuestiona la idoneidad de la EDAR ante el continuo de episodios tóxicos tras el fatídico que mató 17.013 peces.

El colectivo quiere que la juez del Penal a la que corresponda resolver este caso "decrete la desconexión a la EDAR de los vertidos de aguas residuales industriales de los polígonos industriales de San Cibrao das Viñas, Barreiros, Pereiro de Aguiar y el Parque Tecnolóxico de Galicia", hasta que la depuradora "no sea dotada de un sistema complementario de depuración que permita tratar sin consecuencias nocivas para el medio ambiente".

Del mismo modo, la acusación popular pretende que las autoridades acuerden "la clausura definitiva de la EDAR de San Cibrao das Viñas, en cuanto a verter al río Barbaña, a los fines de asegurar el cese de la actividad contaminante", así como hasta llevar a cabo "las actuaciones necesarias a fin de proceder a la restauración de las aguas y de la zona afectada al momento anterior al vertido". Las autorizaciones de vertido "se incumplen constantemente; que se le revoque o se amolde a otra", recalca el letrado.

La contaminación al Barbaña no se ha frenado pese a las mejoras implementadas por la Diputación. Los tres principales polígonos industriales que orilla -San Cibrao, Pereiro y Barreiros- son su principal amenaza. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil no prevé completar el saneamiento hasta dentro de un lustro, una vez ejecutada una inversión global de 17 millones de euros, la mayoría con cargo a un plan europeo de financiación.

La investigación nunca localizó a la empresa responsable del vertido, que alteró la composición tolerable del agua. Se detectó que surgía a partir de la depuradora, " agua de color rojizo que se iba tornando ocre a medida que avanzaba aguas abajo, mientras aguas arriba no se percibía ninguna anomalía", detalla la acusación. El laboratorio halló valores fuera de los límites: PH muy ácido, niveles elevados de aluminio, Demanda Química de Oxígeno (DQO), sólidos en suspensión, amonio, fósforo, níquel y cadmio. Los valores de manganeso eran 8 veces superiores al permitido; los hierro, 28 veces mayores. La contaminación disparó la concentración de aceites, grasas y metales pesados: 120 veces más de cobre y casi 200 más de zinc. "Estos parámetros químicos de vertido excedieron ampliamente de lo permitido", concluye "Ríos Limpos".

"Los vertidos causaron grave daño al ecosistema consistente en una importante contaminación perceptible a su paso por la ciudad de Ourense, que afectó a la flora y fauna piscícola de su cauce fluvial", destaca la plataforma. Como certificó un perito biólogo, el vertido de 2009 acabó con especies piscícolas catalogadas como vulnerables (una, el espinoso, incluso se encuentra en peligro de extinción).

Afectó a 5,61 hectáreas

Basándose en el informe del perito y en otro de la Confederación Hidrográfica, la plataforma piden que los cuatro acusados en esta causa, técnicos de la depuradora, indemnicen conjunta y solidariamente, siendo la empresa de la planta la responsable subsidiaria, en la cantidad total de 244.490,37 euros: 219.849,89 por daños a la calidad de las aguas -quedó afectado un total de 5,6 hectáreas de dominio público hidráulico-, 4.194,95 euros por el canon de control de vertidos complementario, 16.976,40 por daños a la fauna piscícola y 3.469,13 por los gastos ocasionados por la recogida de los peces muertos. Hubo 17.013 bajas de peces. La contaminación "causó una masiva mortandad piscícola", afectando a 6 especies distintas, 5 de ellas autóctonas y una alóctona, así como "numerosos" macroinvertebrados.

Un delito continuado

"Ríos Limpos" considera que los hechos de 2009 constituyen un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, porque al episodio de 24 de junio le siguió más contaminación d durante los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30.

Tras archivar la causa en varias ocasiones -se reabrió por orden de la Audiencia-, el juez instructor, Leonardo Álvarez, decidió procesar a 4 técnicos de la empresa depuradora, el pasado septiembre. Contra ellos formula escrito de acusación la plataforma. En concreto, considera responsables a la representante legal de Espina y Delfín, R. B. R.; al jefe de servicio, E. J. I. P.; al encargado de que la depuradora estuviese en orden, M. C. M., así como al responsable del control de funcionamiento de las instalaciones de aguas residuales, P. R. P. Han negado culpa y aducen haber cumplido la normativa y seguido el protocolo adecuado.

La acusación particular solicita 3 años y 4 meses de prisión para cada uno, por la presunta imprudencia, así como una multa por importe total de 36.000 euros. Asimismo, la acusación popular interesa que se le imponga a los técnicos acusados una pena de 3 años de inhabilitación especial "para el ejercicio de actividades industriales relativas al tratamiento de aguas".

La empresa depuradora sería responsable, por omisión. En 2009, la depuradora carecía de un conductivímetro, que habría frenado el vertido, pese a que estaba obligada a tenerlo tal y como establecía el permiso del organismo de cuenca. La contaminación se habría evitado con ese sistema y activando el "tanque-pulmón" (para eliminar el tóxico con sosa en un proceso físico-químico).

Subraya "Ríos Limpos" en su escrito que "la EDAR no disponía de autorización para la gestión de aguas industriales" y, pese a disponer de dicho sistema de tratamiento físico-químico, "los días de los hechos, redujo la capacidad de sus instalaciones permaneciendo sin uso el referido tratamiento y el decantador primario". Sostiene que si la depuradora tuviera todas sus instalaciones disponibles y en correcto funcionamiento, "las aguas residuales que entraron podrían haber recibido un tratamiento más efectivo y sus efectos serían de menor entidad".

La plataforma recalca que "la EDAR tuvo conocimiento, en los referidos días, de que recibía las citadas sustancias altamente contaminantes, ya que de entrar en el proceso de depurado biológico lo hubiera dañado considerablemente". Además, "la CHMS requirió a la empresa varias veces para que instalara un conductivímetro que posibilitara aumentar la capacidad de reacción ante episodios contaminantes pero el día de los hechos, carecía del mismo".

La empresa estaba obligada a notificar vertidos graves, pero en este caso" fueron las autoridades administrativas, después de las denuncias vecinales," las que alertaron a la propia EDAR. "Ríos Limpos" destaca que Espina y Delfín "era reincidente en la comisión de infracciones" relativas a vertidos. De hecho, con posterioridad a los vertidos de junio constan denuncias por más episodios, en 2009, 2010, 2012 y 2013, "en los que la depuradora tampoco fue capaz de paliarlos".