En unos días, la juez de apoyo que ayudó a incrementar el número de vistas por semana y el de sentencias dictadas dejará el Penal Número 1 de Ourense para ocupar una plaza de titular en Fuerteventura (Las Palmas). La marcha de Noemí González será la segunda en los penales de Ourense tras la de César Saco, juez de adscripción territorial en el Número 2 desde mayo de 2014 hasta el pasado marzo. Ambos han sido la solución adoptada por el Tribunal Superior y el decano en la ciudad de As Burgas ante un atasco que retrató este martes el sindicato "Alternativas na Xustiza": 120 delitos quedaron sin castigo para sus autores, en un solo año, por la prescripción de la causa en la fase de ejecución, es decir, durante el trámite para hacer cumplir la condena. Según afirmaron ayer a FARO fuentes de dichos juzgados, entre los beneficiados por el retraso hay "acusados en situación de búsqueda y captura que no aparecen o extranjeros a los que no se pudo localizar a tiempo". Entre los delincuentes que salieron impunes por los plazos, "alguno hubiera tenido que ingresar en prisión". También afectó a condenados por delitos leves o a trabajos sociales.
El atasco de casos pendientes y ejecutorias es un mal crónico de estos juzgados desde hace años. El Penal 2 de Ourense es el que peor números presentaba y el que suma la mayoría de causas prescritas. Al refuerzo del juez de apoyo -conocido en el argot como JAT- se sumó el de varios funcionarios. El personal y la juez de apoyo pasaron al Penal 1 a mediados de este año porque el decano quería equilibrar la distribución de recursos entre ambos. La Xunta se escuda en que "dentro de sus competencias" tomó medidas para atajar el colapso de estas sedes. Desde 2014 adscribió un total de 5 funcionarios.
8 meses de espera para el juicio
La creación de nuevos juzgados, como un tercer penal para Ourense, depende de que el Ministerio lo contemple y de que la Xunta y el TSXG concreten sus prioridades en la Comisión Mixta. El último juzgado nuevo para Ourense fue el Social 4, en marcha desde 2010. El Tribunal Superior recuerda que ha respondido al problema de los penales de As Burgas con los jueces de apoyo, una figura que no descarta prolongar si la situación lo requiere. El presidente de la Audiencia, Antonio Piña, no renuncia al tercer penal y pedirá que como mínimo se mantenga el refuerzo de juez y funcionarios.
En 2014, los dos penales acumulaban 1.681 sentencias firmes en fase de ejecución, un dato que mejoraba las 2.282 existentes al cierre del año 2010. "Alternativas na Xustiza" achaca el atasco a una carga de trabajo muy superior a la media gallega. Según sus datos, extraídos de la propia estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la pendencia de asuntos es un 50% superior y la suma de las ejecutorias ingresadas y reabiertas supone un 58% más que la media gallega (740 expedientes). Los últimos datos del CGPJ sitúan en 1.447 la cifra de condenas por hacer cumplir. "Con las medidas de refuerzo de jueces y funcionarios, la situación ahora se ha normalizado y de los 120 casos podría haber varios anteriores a 2015", dicen en el juzgado de lo Penal. No obstante, los asuntos que ingresan para juicio se están señalando en mayo o junio de 2017, a 8 meses vistas, salvo las causas con preso, prioritarias.
"Ese dato no debe alarmar sino prevenir que no vuelva a pasar ni se tarde en adoptar medidas de refuerzo; ahora cada vez hay más control", indican las fuentes judiciales, que piden reserva. Desde enero de este año, el Consejo General del Poder Judicial obliga a todas las sedes a especificar las causas de archivo de casos, concretando cuántos prescriben. "Si aumenta el número puede haber una inspección", ilustran en los juzgados. Cada 6 meses, el CGPJ hace una revisión automática de los datos y, ante cualquier repunte, puede iniciar pesquisas. El sindicato se quejaba de que "pese al sobre esfuerzo y voluntarismo" de los trabajadores, el colapso de las sedes derivó en la apertura de expedientes disciplinarios a una letrada de la administración de justicia, un juez y varios funcionarios.
Los penales resuelven la mayoría de delitos registrados, aquellos con penas inferiores a 5 años de cárcel, como robos, infracciones viales, estafas menos graves o casos de violencia de género. Pasados 5 años el delito prescribe. El cumplimiento del castigo comienza por la responsabilidad civil. "Si empieza a pagar, se actualizan los antecedentes penales para ver si ante una pena de prisión cabe la sustitución por trabajos o multas, que es una decisión discrecional del tribunal. Sucede en la mayoría de casos, excepto con los delincuentes habituales que acumulan más de 3 condenas por el mismo delito, o si la pena es superior a 2 años. Cabe la posibilidad de que quede pendiente y prescriba".
