Ferro recurre la sentencia que avala la reducción salarial

Tras conocer el fallo judicial que avala la reducción salarial aprobada por el pleno, con los votos de la oposición, el alcalde de Celanova, José Luis Ferro, aclara que llegó a la alcaldía "por mera casualidad y a la política sin buscarlo y, por lo tanto, no procuré ni procuraré en la política ningún acomodo ni mejora económica". No obtante, recurrirá loa sentencia porque la oposición actuó en contra de la ley.

Según Ferro la sentencia no cambia absolutamente nada, ya que desde el día siguiente a la celebración del pleno "estoy cobrando la cantidad que fue acordada", y por lo tanto, "en ningún momento hice ninguna reclamación respecto de la cuantía que debía o no debía cobrar". Aclara que en cambio presentó el recurso contencioso-administrativo ante "un flagrante incumplimiento del procedimiento que está perfectamente estipulado en la legislación local".

Pero además, dice que consideró y sigue considerando que esa aprobación plenaria la hicieron los ediles de la oposición "a sabiendas de que el procedimiento que aprobaban no era legal", y que "mi reclamación nunca pretendió reparar o restituir el sueldo que cobraba hasta ese momento". Entre otras cosas, porque asegura que esta sentencia, "en el sentido en el que fue dictada por el juez, llega tarde" pues ya hay una regulación de los salarios municipales, por la que le correspondería cobrar 45.000 euros y él está "12.000 euros por debajo".

Y añade que aunque esta sentencia fuera favorable en su totalidad a él, no tenía pensado cobrar un céntimo "del que la justicia me concediese o me pueda conceder en el futuro al recurrir el auto judicial".

Un auto judicial del que dice discrepa "radicalmente", pues señala son varias las razones que "humildemente considero completamente fuera de lugar". Entre ellas, que un juez no es quien para cuestionar si un alcalde debe cobrar por arriba o por debajo de dos, tres, cuatro veces el salario mínimo interprofesional.

Por todo ello, Ferro dice que utilizará todos los mecanismos legales a su alcance para demostrar que "me asiste la razón en cuanto a que el procedimiento aprobado por la oposición, aprovechándose del apoyo de una tránsfuga, no cumplió la normativa legal que regula la Administración Local".

Aclara que desde el día siguiente está cobrando la cantidad que le fue designada y, por lo tanto, "la justicia no corrige absolutamente ninguna situación". El regidor asegura que los grupos de la oposición votaron algo "a sabiendas de que incumple la legislación vigente" y que eso "tiene un nombre muy claro", así como que él está seguro de que igual que ha acontecido estos días en Santiago de Compostela, "la Justicia acabará dando luz sobre todo ello y poniendo las cosas de nuevo en su sitio".

Por último, asegura que si hubiera llegado a la política con el ánimo de crecer, al día siguiente de ser elegido alcalde "habría aceptado las exigencias que me puso arriba de la mesa la concejala tránsfuga y le asignaría el sueldo que ella sí me pidió, en A o B, tanto le daba". Pero no lo hizo porque "eso va en contra de mis principios éticos y morales", y no accedería ninguna vez "por más que se repitiera la situación un ciento de veces".

Por su parte, desde el BNG muestran su satisfacción ante el fallo judicial, y observan que Celanova no podía seguir soportando el sueldo del anterior alcalde, Antonio Mouriño (52.375 euros brutos al año) más tres dedicaciones parciales.

Añaden que el actual alcalde, con un sueldo de 2.350 euros brutos al mes, que como dice la propia sentencia "cuadriplica el salario mínimo interprofesional" no quedaba, "ni mucho menos, en situación de precariedad económica a nivel personal", y que esta reducción supuso para el Concello un ahorro de unos 52.000 euros año.

Así, piden que los gastos en los que Ferro metió al Concello con este proceso, "sean asumidos por los denunciantes de su propio bolsillo".