El juzgado obliga al Concello a pagar por realizar funciones de superior categoría

Las nuevas sentencias judiciales, en este caso del Contencioso Administrativo número 2 de Ourense, obligan al Concello a pagar a varios funcionarios la diferencia por realizar funciones de superior categoría, y que en algunos de los casos ronda los 8.000 euros, después de que dicha reclamación fuese denegada por el Gobierno municipal con el informe desfavorable del departamento de personal y Recursos Humanos.

Así, en una de las sentencias se declara el derecho a percibir por uno de los funcionarios la cantidad de 7.656,88 euros por los conceptos de diferencias devengadas en los complementos específicos y de destino entre las funciones que le son propias de oficial de cementerios, ya que estaban desempeñando unas funciones de superior categoría a la que figura en la Relación de Puesto de Trabajo.

Se trata de tres sentencias que se vienen a sumar a otras dos anteriores, y que fueron presentadas por los servicios jurídicos de USO, tanto de personal laboral como de funcionarios, en los juzgados de lo social como del Contencioso Administrativo. Además, se trata de sentencias contra las que no se puede presentar recursos alguno, y la Administración local tiene que seguir abonando la diferencia del sueldo mientras los trabajadores sigan desempeñando dichas funciones.

Una situación de la que responsabilizan directamente a la exdirectora xeral de Personal, Carmen Rodríguez, como al jefe de Servicio de Recursos Humanos, cuya gestión viene siendo cuestionada tanto por los diferentes representantes sindicales que forman la Junta de Personal como por los grupos de la oposición.

Las nuevas sentencias judiciales no hacen más que "darnos la razón cuando calificamos de nefasta la gestión en materia de personal", asegura el representante de USO, Julio Domínguez, así como los portavoces de la oposición, que señalan directamente de esta situación al alcalde, Agustín Fernández, por "empecinarse" en mantener a Carmen Rodríguez al frente del área de Personal, hasta que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anulaba su nombramiento, ratificando una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Ourense.

En cuanto a las responsabilidades que se pueden derivar, optan los grupos de la oposición por analizar las sentencias y estudiar la posibilidad de una reclamación patrimonial por lo que entienden una "nefasta gestión" que tiene una repercusión directa en las arcas municipales. Para el representante de USO, está claro que la "prepotencia" de los responsable de Personal provocó que el asunto se llevase al ámbito judicial con ese resultado, de tener que abonar esas cantidades a trabajadores por realizar un trabajo de superior categoría, del que asegura "eran conocedores".

Defensa jurídica

Otra de las cuestiones que terminará en la vía judicial será la relacionada con el pago de asistencia-defensa jurídica de políticos en determinadas investigaciones penales, como es el caso del alcalde, Agustín Fernández, y varios miembros de la Junta de Gobierno Local, actuales y otros que ya no forman parte de la corporación.

Así, en una reunión previa que celebraron ayer varios integrantes de la Junta de Personal, acordaron reclamar al gobierno local toda la documentación al respecto para adoptar una cuerdo, ya que entienden que existen más que indicios de "discriminación", al pagarle a los políticos y negarse a funcionarios, y presuntas irregularidades en los pagos efectuados.

Sobre esta cuestión, también alertan que las cuantías pagadas por la misma defensa jurídica no son las mismas, y eso que "existe un baremo establecido", por lo que sería otro de los argumentos que formarán parte de la denuncian que presenten, ya que se trata de dinero público.

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