Melón tramita la legalización de dos edificios con orden de derribo
- La alcaldesa considera su "obligación intentar la permanencia" - Hay sentencias firmes contra el polideportivo y multiusos
L.F. | Melón
La alcaldesa de Melón, Cristina Francisco Vílchez, ha iniciado los trámites de "legalización" de dos edificios públicos sobre los que pesan sentencias firmes de derribo, polideportivo construido cerca del Monasterio de Santa María de Melón y del multiusos de Quins, destinado a guardería y gimnasio.
Francisco asegura que tiene la "obligación" de intentar legalizar ambas infraestructuras en un municipio sin plan de urbanismo, pues el último fue anulado judicialmente por la falta de alguno de los informes preceptivos y por incluir la legalización del polideportivo cuando ya tenía sentencia de derribo. Precisamente las obras del polideportivo levantado cerca del monasterio supusieron la inhabilitación de su marido y anterior alcalde, Alberto Pardellas, hasta el año 2021, en base a una condena judicial firme y al rechazo del indulto que pidió.
La condena fue por negarse a ejecutar su demolición, ordenada por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2008, y también supuso una multa de 120.000 euros.
Ahora un pleno extraordinario que se convocará la semana próxima servirá para aprobar inicialmente un plan especial para "intentar legalizar" esta obra. No obstante, sobre él pesa una sentencia firme de febrero de 2015 para su demolición, que da tres meses a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística para hacerlo.
La semana pasada ya se celebró un pleno similar para el edificio multiusos, que dio su aprobación inicial, con los votos a favor de los siete ediles del PP, a un plan especial para esa infraestructura.
En relación al polideportivo situado en el entorno protegido del monasterio declarado BIC, la alcaldesa asegura que "no se va a derribar", ya que "terminaremos esta tramitación, pues fue consensuada con Patrimonio a la hora de redactar el plan especial", y señala que lleva "mucho tiempo" trabajando en este proceso, ya que "siempre que haya una vía de legalización tenemos que intentarla antes de que se llegue al derribo, y tengo informes de que es posible".
En cuanto a ambos edificios, se sucedieron hasta ahora las resoluciones judiciales, pues desde la aprobación del PXOM en 2008 llegó la sentencia del TSXG que lo anuló en 2011 "por no ser conforme a derecho", de modo que el Concello de Melón carece de planeamiento en la actualidad.
Denuncia vecinal
Además, una sentencia del TSXG, firme desde septiembre de 2012, suspendió el plan parcial que afectaba al suelo en el que se levantó el multiusos. Esa sentencia fue el resultado de una denuncia vecinal de que se seguían haciendo obras en él, para instalar y dotar varios servicios como el de guardería o gimnasio. Sin embargo, la APLU había ordenado al ayuntamiento en noviembre de 2011 que paralizase las obras y que restaurase "la legalidad urbanística" tras una infracción "muy grave".
Y en noviembre de 2014, el juzgado de Ribadavia inició una investigación penal por la denuncia de un vecino contra la alcaldesa, el anterior alcalde, el secretario-interventor, el arquitecto técnico y los concejales de la junta de gobierno y del pleno que hayan votado a favor de ejecutar obras o ejercer actividades dentro, por posible delito de prevaricación.
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