Advierten al alcalde con ir por lo penal por el pago de gastos judiciales

El otro asunto de controversia entre los miembros de la Junta de Personal y el gobierno socialista está relacionado con la denuncia sobre lo que consideran una "absoluta falta de ética" en lo concerniente al pago de gastos judiciales a los empleados públicos en casos vinculados al desempeño de las funciones de sus puestos de trabajo, mientras se pretende pagar a los políticos del gobierno municipal "elevados" gastos judiciales en asuntos en los que la propia justicia no tiene declarado que no participaran en posibles hechos delictivos con trascendencia penal.

Una posicionamiento que se produce a raíz de lo publicado por FARO en su edición del miércoles, en la que se revelaba que el alcalde, Agustín Fernández, había formalizado la petición de que fuese el Concello el que se hiciese cargo de los honorarios del letrado en las comparecencias que como imputado tuvo en cuatro causas.

Los miembros de la Junta de Personal, siguiendo la línea argumental de la información periodística, que se sustentaba en una sentencia del Tribunal Supremo, aseguraron ayer que en el caso de que los políticos del grupo de gobierno, incluido el alcalde, aprueben el pago de sus propios gastos judiciales manteniendo sin abonar los de los empleados públicos "denunciaremos esos hechos ante los órganos judiciales competentes".

Con lo que dejan abierta la posibilidad de acudir a la vía penal, exigiendo las responsabilidades por lo supondrían un presunto delito de prevaricación, y advierten que "existen antecedentes al respecto" de este tipo de actuaciones.

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