Tras protestar frente a la fachada del IGVS, Josefa Pérez y el portavoz de Stop Desafiuzamentos, Roberto Pereira, fueron recibidos por Vivenda. Según explicó por la tarde la afectada, la Administración volvió a denegarle el acceso a una vivienda de protección oficial "porque dicen que con mis ingresos no cumplo los requisitos". La ayuda por violencia de género que dejará de percibir en diciembre la deja con la aportación de 300 euros que percibe por la custodia de sus tres hijos y lo que cobra como voluntaria sirviendo la comida en el colegio de Casar do Mato. "Gracias a que me dan comida de la que sobra podemos salir adelante, pero no soy la única y no me van a ayudar siempre, el trabajo en el comedor solo durará tres meses", lamenta. En todo caso, indicó que en el IGVS aceptaron analizar su situación y el lunes tiene cita con la trabajadora social. "A lo mejor encuentran algo pero ya me dijeron que en Ourense no hay nada". Su esperanza, aunque no le garantiza nada, está en la RISGA, una ayuda que tendrá que tramitar "y que a lo mejor no me conceden hasta junio, pero en seis meses ¿qué hago? Solo pido por mis hijos que no me dejen vivir en la calle".
Roberto Pereira asegura que "sí que hay recursos" y criticó el "bloqueo" por parte del IGVS. "De los 500 pisos que hay para personas como Josefa en Galicia solo entregaron 33", denuncia.
