Hubo desviación de poder y posible prevaricación. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, TSXG, acaba de confirmar que en al menos tres de las 9 contrataciones impugnadas en el Concello de Xinzo por vulnerar el decreto ley que en 2012 limitó el gasto público en personal, el alcalde, Antonio Pérez, incumplió la normativa de forma "grosera y consciente" obviando los informes desfavorables de Secretaría e Intervención.

En los tres casos ratifica las sentencias emitidas en primera instancia por el juzgado contencioso administrativo y constata la "gravedad" de la actuación municipal que, reitera, "pudiera ser constitutiva de un delito de prevaricación". El TSXG ve justificada la remisión de la causa al Juzgado de Instrucción de Xinzo donde ya se investigan las posibles responsabilidades penales del alcalde. De hecho, el regidor ya declaró en calidad de imputado el pasado 31 de marzo. En un interrogatorio de cuatro horas, Pérez argumentó ante la juez que en ningún órgano municipal hubo advertencias en contra de los empleos temporales propuestos y alegó que "fueron falseados" por el exsecretario y la que era su adjunta, "con desfase en algunos casos de 8 meses entre la contratación y el informe". Estos hechos abrieron otra vía judicial por denuncia de los funcionarios en la que también ha sido imputado el alcalde por vulneración de secretos.

Con todo, la alternativa de la apelación como defensa y maniobra legal para frenar el proceso penal no le ha salido gratis al "popular" Antonio Pérez. Las del TSXG no son solo tres resoluciones firmes que aceptan la totalidad de los fundamentos jurídicos de las primeras sentencias, sino que el alto tribunal gallego impone al regidor el pago de las costas procesales fijando en mil euros la cuantía máxima por cada uno de los recursos.

Los casos resueltos por el TSXG se refieren a los contratos de dos auxiliares administrativos y un peón de limpieza viaria en períodos de tres y seis meses durante el año 2012.

Las tres sentencias son similares en sus argumentos y en esencia desmontan los principales argumentos esgrimidos por Pérez. Inicialmente, expone una de ellas, "el alcalde tenía conocimiento de dichos informes, pues obrando incorporados al expediente, resulta sorprendente y contradictorio que se alegue que no le fueron notificados". En dichos informes se exponían las razones que desaconsejaban seguir adelante con las contrataciones, entre ellas, el "grave problema de liquidez" en la tesorería municipal que estaba provocando "la imposibilidad de atender en plazo gastos corrientes prioritarios como luz, teléfono y gasolina". El informe de intervención argumentaba que "cada nuevo contrato financiado con cargo a fondos propios supone un correctivo a las previsiones del plan de ajuste". Por su parte, el secretario advertía de irregularidades en el proceso de selección y de la vulneración del decreto estatal. A pesar de todo esto, dicen las sentencias, "nada hizo; no aportó a lo largo de las actuaciones judiciales documento o informe alguno que desmintiese todas y cada una de las valoraciones de la Secretaría e Intervención".

También destaca el juez que "la finalidad fraudulenta que guía la actividad del ayuntamiento" no se deriva solo del encadenamiento de contratos temporales, "sino de otros datos como que se prescinde de un auténtico y real proceso de selección a través de concurso".