La asociación sin ánimo de lucro de discapacitados intelectuales Aspanas no está obligada a rescindir el contrato de su director gerente, Juan José Rodríguez Fernández, ni a abonar la indemnización de 230.000 euros que este reclamaba en base a una cláusula indemnizatoria incluida en su contrato pero desconocida para la asociación. El titular del Juzgado de lo Social 1 de Ourense ha desestimado la demanda planteada contra la junta directiva de la ONG a la que acusaba de acoso laboral y absuelve a la organización al entender que "no concurre motivo alguno" que justifique el despido.

La sentencia destaca que no han quedado acreditados indicios que revelen el acoso que denuncia Rodríguez Fernández. Sencillamente, apunta el juez, "se comprueba la existencia de un conflicto motivado por la pérdida de confianza de la nueva directiva en el trabajo del actor", que además, matiza, es consecuencia de las acciones del propio director gerente.

En los hechos probados por el juez, se describe que Juan José Rodríguez trabajaba para Aspanas desde 2002 percibiendo un salario de 2.805 euros y que en 2007 firmó un contrato de alta dirección con la presidenta de la asociación, Maruxa Román, que incluía una cláusula indemnizatoria que "no consta que hubiese sido puesto en conocimiento de los demás miembros de la junta directiva, ni fue aprobado por la asamblea, antes de su firma". Hasta 2013 mantuvo el control de la asociación a través de un poder notarial pero la libertad que ostentaba quedó frenada con la entrada de la nueva junta directiva en 2013 que desde mayo de ese año le obligó a poner en su conocimiento todas las actuaciones que realizase. A partir de entonces se inició un período de sucesión de bajas laborales por trastorno depresivo hasta la actualidad.

El momento de mayor tensión se produjo el 17 de febrero de este año, cuando Aspanas recibió un burofax de una entidad bancaria que puso al descubierto un contrato de factoring firmado por el director gerente un año antes por un importe inicial de 167.000 euros en el que la asociación figura como gerente y con cargo a unas subvenciones que la Consellería de Traballo ya había abonado a Aspanas Termal, una empresa desvinculada de Aspanas, y gestionada por la esposa de Juan José Rodríguez. Esta operación realizada a espaldas de la junta directiva obligó a la asociación de discapacitados a suscribir una póliza con dicho banco.

Esta fue la gota que colmó el vaso y la junta directiva le revocó los poderes en febrero de 2014 notificándole un mes después la apertura de un expediente disciplinario orientado al despido sin derecho a indemnización.

La sentencia destaca que el director gerente ocultase esta operación en el informe económico de junio de 2013 y reconoce que los cambios de gestión introducidos por la nueva junta directiva "están dentro de sus facultades". No convocarlo a las reuniones de la junta tampoco se puede considerar acoso, sino el "fiel reflejo del conflicto existente entre las partes". En cuanto al trastorno, el juez señala que la patología se diagnosticó en 2010, mucho antes de la llegada de la nueva junta.

A petición del fiscal, los autos se trasladaron al Juzgado de Instrucción para que se valore la posible comisión de un delito de administración deseal por parte del gerente.