Ni un paso atrás. "Ni pediré perdón ni tengo pensado reponer en sus competencias a la edil Rodríguez Penín", dejó claro ayer el alcalde de Ourense, Agustín Fernández. Con su aseveración pretende evidenciar que con él no va la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que da la razón al funcionario sobre la compatibilidad que solicitaba para dar clase en la Universidad y que se convirtió en el detonante de la división en el grupo socialista.

"Culminó un proceso administrativo en un sentido determinado, pero la sentencia no afecta a los motivos de la discrepancia existente en el grupo municipal socialista. Estamos ante un expediente administrativo", remachó el alcalde, que a renglón seguido, y en esa hoja de ruta de restar relevancia al asunto judicial, apostilló que "no tiene mayor transcendencia". Así, aseguró que el fallo judicial no tiene relación directa con la apertura de expediente a los cinco ediles críticos y a la "laminación" de Rodríguez Penín, a quien retiró competencias y dedicación exclusiva.

Eso sí, Fernández volvió a apelar a "la lealtad, disciplina y obediencia" de los ediles socialistas al alcalde.

Los últimos acontecimientos municipales llevaron a la edil crítica, y a su vez diputada provincial, Mónica Vázquez, vinculada al mundo de la judicatura desde su actividad como procuradora y con el poso ideológico marcado por su padre, Manuel Vázquez, un histórico del socialismo, a posicionarse sobre las actuaciones del alcalde, Agustín Fernández, y las declaraciones de la edil de Urbanismo, Áurea Soto, y la directora xeral de Personal, Carmen Rodríguez, en las que cuestionaban actuaciones judiciales.

-¿Cómo valora el incumplimiento de sentencias por parte del Concello, con amenaza de multas coercitiva al alcalde y a la directora xeral de Personal?

-Está claro que no se le puede echar un órdago a la justicia: las sentencias están para ejecutarla; de no cumplirlas se estaría incurriendo en un delito. Así de claro. Además, me parece una negligencia grave que pasaran tres meses sin ejecutar una sentencia firme contra la que no se recurrió. El incumplimiento de las sentencias es un delito, no un error.

-Y en relación a las declaraciones de Soto y Rodríguez que cuestionan actuaciones de los magistrados, tanto procedimientos como sentencias. ¿Qué valoración hace?

-Hay que tomarse en serio las resoluciones y actuaciones judiciales, y no hay más. Me parece muy peligroso que se pueda, alegremente y con cierto desconocimiento, realizar ese tipo de afirmaciones. Debemos respetar de forma escrupulosa el ordenamiento jurídico, de lo contrario ya saben lo que puede pasar en el futuro.

-Sobre la sentencia favorable al funcionario que afecta directamente a los cinco ediles críticos, ¿cuál es su análisis?

-Está muy claro: no existe causa objetiva que sostenga esa suspensión cautelar de militancia que decidió la dirección del partido atendiendo una petición de la ejecutiva local. Nosotros -los cinco ediles críticos-, como ya manifestamos en un comunicado, nos mantuvimos dentro de la legalidad, y la sentencia, lo único que hace es darnos la razón. Y eso es lo que vengo aplicando.