La concejala de Servicio Generales, Áurea Soto, dejó claro ayer que la nueva empresa adjudicataria del servicio de Limpieza de edificios municipales, Seralia, que viene de sustituir a la del grupo Vendex, PAU, cumple el pliego técnico y administrativo, y en el conflicto suscitado con los despidos de trabajadores, aclaró que tal y como señala el mencionado pliego procedió a la subrogación de la plantilla que había, y que el Concello no puede obligar a que contrate a determinados trabajadores.

De está forma, las superconcejala, que después del problema abierto en el grupo socialista, con la división de sus miembros, además de las área de Urbanismo también asumió la de Infraestructuras, Agua, Saneamiento, Iluminación Pública, y la de Servicios Generales de la que depende la privatización de servicios, explicó que el conflicto que se plantea en estos momentos, solicitando la readmisión de una de las trabajadoras despedidas a las 24 horas de hacerse cargo del servicio, pertenece a otra empresa, en este caso Linorsa que tiene adjudicada la limpieza de centros educativos.

Soto advierte de que lo único que puede hacer el Concello es que se cumpla el pliego en la subrogación del personal, pero no en la relación laboral entre la empresa y sus trabajadores. "Después de comprobar que se produjo la subrogación, a partir de ahí, queda la legislación laboral, ir más allá por parte del Concello podría llevarnos al Juzgado", remachó.

Competencias

Sobre esta cuestión, y mostrando un informe elaborado por el jefe de servicio, asegura que la empresa cumple el número de trabajadores mínimos que establece el pliego de condiciones técnicas y administrativas, que establece un total de 45, aunque en la actualidad la empresa cuenta con uno más, por lo que la edil de Servicios Generales explica que se está cumpliendo lo establecido, por lo que cualquier otra cuestión en el ámbito laboral "queda fuera de las competencias del Concello".

Aunque reconoce que después de producirse los despidos, y la posterior readmisión de las trabajadoras, tanto ella como el alcalde "mostramos a la empresa el interés de que se mantuviese todo el personal, que es lo único que podemos hacer", para reiterar que "no podemos decir a quién tiene que contratar, ya que estaríamos fuera de los límites legales".

Con el ánimo de apuntalar los argumentos, sobre todo ante la presión y movilizaciones realizadas para la readmisión de la trabajadora, Áurea Soto proclamó que "no podemos exigir cosas que vayan más allá del pliego de condiciones técnicas".

Y aprovechó su comparecencia para rechazar de plano ciertas afirmaciones realizadas por los representantes de los trabajadores, en el sentido de que la empresa de limpieza de edificios municipales no cumplía el pliego: "no es cierto", en lo que se refiere al personal con que debe contar, aunque también se llegó a cuestionar el cumplimiento de otras cuestiones de carácter técnico que afectan a la realización del servicio.

Es por eso que Soto anunció que se realizará un seguimiento para "controlar y cautelar" el cumplimiento de todo lo que se establece en el pliego, tanto en los relacionado al personal como al material, sobre todo después de que se cuestionase. Pero más allá de esas consideraciones, recalcó que después de una larga tramitación se procedió a la adjudicación del servicio por una cuantía económica menor que había antes de los problemas judiciales -operación Pokemon- con lo que eso "puede suponer", advirtió.

El proceso de adjudicación del servicio de limpieza de edificios municipales, antes en manos de un empresa de Vendex, que se mantuvo tres años en precario, y que se convierte en una de las referencia de la operación Pokemos, que llevó a la caída del exalcalde, Francisco Rodríguez, que se encuentra imputado y bajo fianza, llevó a que Áurea Soto quisiese justificar con informes de los técnicos que "no hay nada", y de inmediato cuestionar las actuaciones de la juez Pilar de Lara, con la proclama de que "por más que se diga o aparezca en todos los sumarios que se quiera".

También quiso restar relevancia a las conversaciones telefónicas del exregidor con directivos de Vendex y un funcionario también imputado en la Pokemon, al sentenciar que la paralización del proceso de adjudicación se hizo por un informe jurídico, y negar que "pueda ser por algo oscuro". La interpretación de la magistrada de Lara es totalmente diferentes, y así lo deja claro en su auto.