Tanto el alcalde de Ourense, Agustín Fernández, como su antecesor hasta la Pokemon, Francisco Rodríguez, -los dos imputados por presunta prevaricación en el caso de los contratos fijos a personal externo- levantaron reparos del interventor por decreto para abonar varias facturas con importes de casi 2.300 euros a dos arquitectos que, tras un despido declarado improcedente, obtuvieron puesto fijo en la plantilla del Concello de Ourense. Un juez investiga si varios integrantes del actual gobierno y corporaciones anteriores pudieron delinquir al mantener las adjudicaciones de contratos a un total de cinco técnicos externos a los que Personal eligió readmitir, en lugar de indemnizar tras sentencias de la jurisdicción social. Dos arquitectos pretenden ahora que el Concello les conceda una compatibilidad para compaginar su dedicación municipal con su ejercicio fuera del ayuntamiento. La comisión de pleno, en la que tienen voz representantes de los cuatro partidos, analiza los expedientes en la sesión de este viernes.

El PP anunció ayer que pedirá al secretario si hay cabida para exigir la devolución del dinero percibido por los beneficiarios de asistencias técnicas "durante el tiempo en el que desarrollaban a la vez un trabajo privado", según el portavoz popular, Rosendo Fernández. "Aparte de entrar por la chimenea lo cargan al erario público", acusó.

La presidenta de la comisión, la edil de Urbanismo Áurea Soto, resolvió asegurando que "se votará lo que digan los informes y tal y como resuelva el jefe de servicio". La concejala, que declaró en calidad de imputada el mismo día que el alcalde y el exregidor, dijo al juez que ella puso fin a esta modalidad de contratos por orden de Agustín Fernández para legalizar con listado de interinos la situación de personal en la oficina del PERI y Rehabilitación, donde se concentraron cuatro de los cinco contratos externos discutidos por lo penal.

E.E.B.M. , una de los dos solicitantes de compatibilidad, tiene su despacho profesional junto a dos socios, a solo unos metros al doblar la esquina de la casa consistorial. La arquitecta entró en plantilla después de acumular encargos mediante asistencias técnicas para el servicio de Rehabilitación, VPP y PERI del Concello de Ourense, y fue despedida en junio de 2013. Los contratos de asistencias empezaron en 2008, tal y como recoge su currículo disponible en la web del estudio. En la actualidad coordina como arquitecta la Oficina del Área de Rehabilitación Integral (A.R.I.) Polvorín, A Carballeira, As Camelias, según la misma web.

Usaba medios y horarios municipales y se turnaba con una funcionaria para poder tener vacaciones. Eran contratos de servicios pero cobraba un fijo mensual de 1.900 euros más honorarios mínimos. Varias recogidas en reparos de intervención rondan los 2.300.

El otro arquitecto que pide una compatibilidad es J.A.P.C. Con un estudio en Santa Comba (A Coruña), según la red, realizó encargos desde 2009 por las mismas cantidades y en el mismo fraude ley fallado por la justicia social, que lo llevó a ser fijo.