El PSOE exigía la presencia en el estrado de políticos al más alto nivel por el caso de las depuradoras de la Diputación de Ourense -al expresidente José Luis Baltar y al delegado de la Xunta, Rogelio Martínez, antes vicepresidente de la institución- pero el juez que investiga el supuesto fraude puesto negro sobre blanco por la Unión Europea se mantiene de momento en el nivel administrativo. El próximo en declarar por los procesos de suministro y asistencias técnicas de las 104 plantas contra residuos para aldeas del rural ourensano será Francisco Javier Rodríguez Nóvoa, un funcionario jefe de la institución provincial que, con todo, ejerció como concejal del PP en la capital hasta 2011. Antonio Piña, titular de Instrucción Número Dos, lo ha citado como testigo, obligado a decir verdad. Comparecerá el 13 de junio. Las diligencias se tramitan por posible delito de estafa en todos los supuestos.
Rodríguez Nóvoa es el actual jefe de Planificación y Seguimiento. En 2003 y 2004, cuando se ejecutaron los planes Daredo y Deputrans en el foco de la justicia, el exconcejal del PP ejercía como jefe del Negociado de Fondos Europeos. Nóvoa redactó el programa de los dos proyectos aprobados por Europa.
El mismo día están citados, también como testigos, los representantes legales de la empresa adjudicataria del suministro de depuradoras -la que, según la UE, recibió información privilegiada y trato de favor-, así como de una firma a la que se otorgó la redacción de asistencias técnicas.
El juez reabrió la investigación delictiva que él mismo había archivado en 2009, cuando, el pasado mes de octubre, PSOE y BNG -solo los socialistas como parte personada- trasladaron al juzgado el informe de la agencia europea contra el fraude, la OLAF, en el que se señalaban "graves irregularidades" e indicios de delito. Los inspectores comunitarios de la agencia contra el fraude acusaron a la Diputación, regida entonces por José Luis Baltar, de haber ofrecido información confidencial al licitador que ganó el concurso y de adjudicar a la misma empresa los proyectos de instalación, simulando procesos negociados. La agencia apreció posibles prevaricación, tráfico de influencias y fraude al presupuesto de la UE.
En febrero, el jefe del servicio de Aguas y Medio Ambiente, Javier Bobe, acudió a declarar en calidad de imputado. Él redactó el pliego de licitación a partir del proyecto Daredo que el departamento, precisamente responsabilidad del próximo en declarar Rodríguez Nóvoa, había presentado previamente para su aprobación a la Unión Europea.
Bobe dijo que Baltar padre no tuvo intervención "más allá de las firmas e los contratos". En cambio, sostuvo que el entonces vicepresidente y actual delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, "estaba siempre en las reuniones" y se encargó de "la parte política con los alcaldes". Por eso el PSOE solicitó que fueran citados. La citación del exedil del PP se produce después de que el magistrado requiriera a la Diputación de Ourense más documentación sobre los citados trámites para obtener la ayuda europea.
Pregunta al Estado si es parte
Mientras avanza la investigación por lo penal, el ministerio de Hacienda ultima la posible reclamación de los 10,1 millones de euros de fondos comunitarios que cofinanciaron los planes Daredo y Deputrans. El expediente de reintegro se incoó en 2013. El Gobierno anunció hace pocos días en el Congreso que la resolución llegará "en breve".
En la misma providencia de citación de los testigos, el juez se remite a la Abogacía del Estado "por si le interesase personarse". En nuevas alegaciones contra el informe de la OLAF, el presidente provincial, José Manuel Baltar, que se encontró con la inspección justo al asumir el poder a principios de 2012, ha solicitado a Hacienda que frenara la devolución de los 10,1 millones hasta sentencia firme o auto de archivo.
