Cuando la judicialización de la política afecta a los jueces

Durante meses en Ourense, casi en el mismo peldaño que el paradigma de la judicialización de la política que es Santiago de Compostela, el gobierno local ha encajado imputación tras imputación y vivido al día con la agenda marcada por los jueces. El alcalde y sus dos ediles más próximas acumulan, en total, nueve imputaciones. El ejecutivo se mantiene en estado de alerta -del pánico a los teléfonos al rechazo a firmar expedientes- desde que el estallido de la operación Pokemon, en septiembre de 2012, dinamitó un gobierno y derrocó un alcalde. Los registros, citaciones por lo penal y requerimientos de documentación son una realidad tan habitual como la división por facciones del ejecutivo, entre paquistas y pachistas, la derivada política.

Aquel regidor defenestrado por la justicia, Francisco Rodríguez, es hoy uno de los políticos que han propiciado un giro copernicano en el estado más reciente de hechos. Su escrito de recusación junto a la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, para cuestionar al magistrado decano de Ourense abre un capítulo aparte en la estrategia de defensa del ejecutivo y coloca en el foco al instructor de dos de sus causas penales por una supuesta falta de imparcialidad. Además, introduce en la ecuación un último elemento; Democracia Ourensana, el azote del PSOE en sucesivas denuncias por lo penal.

La recusación del titular de Instrucción Número Dos, Antonio Piña por su supuesta "amistad íntima" con un miembro sin cargo pero nexo directo con el líder de DO, Gonzalo Jácome, ha provocado más reacciones de los jueces, formados para hablar en las sentencias, que de la clase política. DO, PP y BNG apenas han comentado la maniobra de los dos socialistas que, en la práctica, consiguió que la investigación de las obras de la calle Bedoya -todo el gobierno de 2008 está imputado- permanezca en suspenso desde hace un mes y medio. "No consiento que nadie ponga en duda mi honestidad", declaró Antonio Piña tras los dos últimos escritos que denunciaron "circunstancias extrañas" y supuestas "anomalías" en el trámite para estudiar la solicitud de recusación. El decano no descarta acciones legales al ver los escritos "injuriosos".

La acción de los políticos tensa el clima de convivencia en el Pazo de Xustiza, donde las primeras opiniones casi unánimes en contra de que hubiera causa para apartar al juez decano, se han modulado a división de criterios tras el auto de 29 de abril en el que la instructora del incidente, la magistrada presidenta de la sección penal de la Audiencia, no admitió la petición sin dar trámite.

Esa resolución hizo subir por primera vez el tono de los recurrentes. El abogado de Francisco Rodríguez y Áurea Soto acusó a la instructora de una "grave extralimitación" y, además, vieron nulo un auto de una jueza del tribunal provincial que venía encabezado por el juzgado del propio recusado, Instrucción Dos.

La queja de los socialistas llevó a la Audiencia a revisar la resolución desestimatoria, pidiendo informe a la Fiscalía, que inicialmente ya negó falta de requisitos formales para la recusación. Si finalmente se lleva a término el proceso, tres compañeros del recusado deberán decidir sobre su imparcialidad. La maniobra de los imputados en Bedoya obligaría, además, a pronunciarse a los compañeros de la instructora cuestionada, puesto que sería la sala penal que preside la jueza (a ella la sustituiría el presidente de la Audiencia) la encargada de deliberar y dictar una resolución.

Gago acusa al alcalde de dictar decretos tras ser recusado

Que un auto elaborado por una magistrada de la Audiencia Provincial procediera del juzgado titularidad del magistrado recusado constituye una "circunstancia extraña" y una "anomalía" judicial para los políticos del gobierno de Ourense. Por eso, el abogado del exalcalde y la edil de Urbanismo pidieron al presidente de la Audiencia una investigación interna en paralelo al expediente de recusación de Antonio Piña promovida por los dos socialistas, imputados por la adjudicación de las obras de la calle Bedoya junto a todos los integrantes del bipartito PSOE-BNG de 2008.

Al ejecutivo socialista le han salido voces que le recriminan que use un criterio para discutir la imparcialidad del juez y otro distinto para resoluciones administrativas del Concello. Así lo cree el funcionario adjunto a la asesoría jurídica y sindicalista de la CIG, Javier García Gago.

Según señala, el alcalde, Agustín Fernández, dictó decretos pese a que, como Piña en el ámbito judicial, también había sido recusado en el marco de la reclamación de compatibilidad del funcionario, cuya pretensión escenificó la división del PSOE local con el abandono de los cinco ediles díscolos en el pleno de diciembre donde se denegó la compatibilidad.

El regidor se encontraba recusado por el funcionario, próximo a la facción de los pachistas, desde el 4 de noviembre de 2013, según sitúa este. Dos días más tarde, el propio alcalde ya recusado dictó un decreto nombrando al portavoz José Ángel Vázquez Barquero para instruir la recusación y resolver las de las tenientes de alcalde Marga Martín y Áurea Soto.

El 19 de noviembre, el regidor se mantenía en la firma de un decreto que denegó la recusación del portavoz socialista, José Ángel Vázquez Barquero, si bien el pie indicaba que la orden y firma era de la "alcaldesa en funciones". García Gago también remite a un decreto de diciembre que desestima las recusaciones de las tenientes de alcalde Marga Martín y Áurea Soto. Según el jurídico, "esto acredita que el alcalde intervino en la tramitación de su propia recusación sin poder hacerlo".

El funcionario permanece enfrentado con el gobierno. Fue expedientado y está pendiente de sentencia para intentar compaginar su labor municipal con la docencia en la Universidad de Vigo. El miércoles fue a juicio y propuso, sin éxito, las testificales de dos ediles díscolos, que defienden su dedicación.

Desde el gobierno, la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, que vinculó el caso de las asistencias técnicas judicializado por CIG y USO con una maniobra de Gago para condicionar su expediente de compatibilidad, señaló que en su expediente se procedió "según lo establecido por el secretario del Pleno, el jefe de servicio de Recursos Humanos y el jefe de asesoría jurídica del Concello".

Unidos para censurar a una concejala

La opinión divergente de los jueces sobre la base y el trámite de recusación del decano de Ourense contrasta con la unanimidad que manifestó la junta de jueces de Ourense cuando, el pasado mes de julio, exigió "respeto" a la concejala de Urbanismo tras unas controvertidas declaraciones al convertir el Supremo en firme la absolución penal del caso de los paneles.

Áurea Soto reprochó a los magistrados que decidan "quién está y quién no en política" y pidió responsabilidades para los instructores que alargan los sumarios. La concejala, la más imputada de Ourense con cinco causas abiertas, acusó a los jueces de "intentar engañar y confundir investigar con condenar".

La judicatura, entonces, salió en tromba, por sus palabras, "un ataque al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la independencia del poder judicial".

El caso Piña, un punto de fricción entre representantes de la vida institucional - Políticos y jueces son la dicotomía de los últimos tiempos. El que investiga supuestos desmanes y el cargo público que encaja las imputaciones. En el caso Piña, su cargo institucional de decano otorga mayor trascendencia a la recusación y las quejas del exalcalde y la concejala Áurea Soto. Más allá del ámbito judicial, la medida crea fricciones. El decano, que esta semana exteriorizó su malestar en FARO -"nadie pone en duda mi honestidad", dijo, ha compartido con el actual y el anterior regidor actos institucionales en sintonía. ¿Guerra fría desde ahora?