El Supremo notificará la sentencia del ERE de la Diputación en un plazo aproximado de 15 días

La última palabra al ERE con el que José Manuel Baltar aligeró la plantilla heredada de su padre en la Diputación de Ourense se conocerá en un plazo aproximado de 15 días. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo analizó la legalidad del despido de 25 indefinidos ejecutado a principios de 2013, en el sexto punto del orden del día de la reunión del pleno general de magistrados celebrada ayer. La Diputación no hará valoraciones hasta que se le notifique el fallo.

El alto tribunal convertirá en firme una medida de extinción que supuso el primer recorte de plantilla de una administración española tras la aprobación del Real Decreto-Ley 3/2012 del Gobierno Rajoy. El caso de Ourense fue deliberado por los jueces de lo Social del Supremo tras una ponencia de Gonzalo Moliner, expresidente del alto tribunal y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta finales de 2013.

En marzo, la casación del despido de 861 trabajadores de Telemadrid se conoció al finalizar el pleno. El gabinete del Supremo no adelantó ayer el sentido del fallo del ERE de la Diputación de Ourense al no considerar que se trate de un asunto de especial interés público.

Indemnizaciones

El Supremo analiza la sentencia del TSXG que, en mayo de 2013, no anuló el despido de los 25 indefinidos pero consideró que el ERE de Baltar no estaba "ajustado a derecho", al no apreciar causas económicas. La Diputación se enfrenta a tener que abonar "400.000 o 500.000 euros" más en indemnizaciones si se ratifica la sentencia inicial -se incrementaría el periodo satisfecho de 25 días por año a 45-, e incluso a readmitir a los afectados en caso de que la Sala de lo Social dictaminara que la medida fue nula, como pidió CC OO.

El expediente colectivo fue la medida más radical del presidente provincial en su afán de reducción gradual de plantilla desde su llegada al poder en febrero de 2012. Lo presentó diez meses después y en la memoria justificaba el exceso de contrataciones y gastos en nóminas perpetuados a lo largo de los años por su padre y antecesor.

Pero además, el recurso de casación deliberado ayer en el Supremo reivindicaba su manual de hacer política. El TSXG ni había el déficit presupuestario reglado por el decreto ni el gasto de personal causó una situación económica negativa que justificase echar a 25 empleados.

La sentencia del TSXG dictaba alternativas al ERE, como "la reducción de las partidas presupuestarias asignadas al baloncesto o al fútbol". El recurso de la institución los acusó de "entrometerse" y advertía de que "solo corresponde al gobierno local democráticamente elegido, y no en modo alguno a un órgano judicial" distribuir el gasto.