Piden la repetición del juicio por el desvío de 1,6 millones en la obra del centro comercial

La Audiencia Provincial de Ourense no apreció delito fiscal al resolver, a finales de 2013, el caso Ucosa, una trama de desvío de dinero durante la construcción de Ponte Vella, el que sigue siendo único centro comercial de Ourense. Apelando a una posible vulneración de la tutela judicial efectiva y subrayando una "falta de congruencia" con los hechos probados que sí acreditaron delitos de apropiación indebida y falsedad pero no determinaron la comisión de una infracción contra la Hacienda Pública, la Abogacía del Estado pide que se repita la valoración, bien con una nueva sentencia que entre en el fondo del asunto, bien con la repetición del juicio para poder reconstruir la prueba.

La solicitud ha sido cursada en casación ante el Supremo. Los tres acusados por el desvío de 1,6 millones de euros evitaron en primera instancia penas efectivas de ingreso en prisión. La Audiencia ourensana dictó condenas de entre 1 y 2 años de cárcel para los tres imputados, aunque obligó a devolver el dinero distraído. La pena más alta, de 2 años, recayó en el expresidente de la asociación de comerciantes, Óscar Sánchez Ruido.

El desvío acreditado de dinero se perpetró mediante la emisión de 13 facturas falsas que, una década más tarde, llevaron al banquillo al exresponsable de Ucosa, constituida en 1994 con la mirada puesta en ejecutar el centro comercial, y a los dos empresarios vigueses, Guillermo A.C. y Jesús P.M., -se les considera cooperadores necesarios de la apropiación- que posibilitaron el desfalco a través de dos empresas fantasma.

Las obras se prolongaron durante siete años tras un presupuesto de unos 4.500 millones de pesetas. El centro comercial se levantó en zona inundable. El PSOE se preguntaba entonces si el agujero económico tenía que ver con posibles irregularidades con la recalificación de los terrenos. El exalcalde de Ourense, Manuel Cabezas (PP) era valedor del expresidente de Ucosa. Se consideraba su amigo y lo propuso como representante del Concello de Ourense en el consejo de administración de Caixanova, un cargo en el que permaneció hasta que Ruido presentó su dimisión, dos meses después de que estallara el escándalo en 2003.

El tribunal penal de la Audiencia de Ourense consideró a Sánchez Ruido, un empresario del sector del mueble, autor de un delito continuado de apropiación indebida agravado por la cuantía, en concurso ideal con otro, también continuado, de falsedad. El expresidente de Ucosa salió absuelto, sin embargo, de los dos delitos contra la Hacienda Pública a los que se enfrentaba. En el último día de la vista celebrada en noviembre, la Fiscalía modificó su petición de penas. Rebajó de 8 a 3 años y medio la propuesta para Ruido, y de 5 a 2 la petición de castigo para los dos empresarios vigueses.

Al empresario ourensano le fue impuesto, además, el pago de 3.600 euros de multa y una indemnización individual de 522.780 euros que se suma a la reclamación conjunta de 1,13 millones a la que deben hacer frente, de forma solidaria, los tres sentenciados si la condena se convierte en firme.

La sentencia de la Audiencia Provincial ahora recurrida admitió la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. La inspección tributaria se inició en Vigo en 1999 y las diligencias judiciales se remontan a 2003. En Hacienda se encendió una luz roja al comprobar que pequeñas empresas de construcción aparecían como perceptoras de sumas millonarias pese a no tener actividad y, en algunos casos, llevar años disueltas.

La Audiencia consideró probado que Ruido se aprovechó de su "poder absoluto" para desviar el dinero con las facturas falsas durante 1999, 2000 y 2001, año de inauguración del centro. Cobraba directamente cheques y pagarés y los ingresaba a nombre de uno de los empresarios, que en última instancia daba las cantidades al tercer condenado.

Ruido, que declaró haber entregado a uno de los acusados de millones en efectivo en su tienda de muebles, acordó con los dos empresarios la emisión de facturas por trabajos de construcción irreales, que coincidían en conceptos e importes y duplicaban las de obras ya realizadas por la principal adjudicataria.

Hubo "perjuicio" sin acreditar

La Sala ourensana, que además cuestionó el control "ciertamente censurable" de Superco, la promotora encargada de comprobar las facturas, reconoció que hubo un "perjuicio" para la Hacienda, el que ahora se reclamará ante el Supremo. La Audiencia Provincial no pudo determinar "la deuda tributaria en las diferentes anualidades en las que los hechos imponibles se desarrollaron".