La cara real de la crisis

Después de las refriegas dialécticas, de los reproches y acusaciones entre gobierno y oposición, cuando el pleno agotaba sus último minutos al salón de sesiones llegó la cruda realidad de la crisis con daños colaterales por lo municipal. Fue en el apartado reservado a las preguntas de los ciudadanos, cuando un matrimonio, con cuatro hijos, que se engloba dentro de las familias numerosas, trasladó al alcalde Agustín Fernández una situación límite para la que pidió soluciones, aunque al final nada se concretase.

El cabeza de familia, que dejaba claro que "no queremos dar pena a nadie, ni venimos a pedir un trato de favor", expuso un problema para el que reclama una solución. Está relacionado con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la vivienda de protección oficial de la Xunta, que dejará de contar con la bonificación, por lo que pasará a pagar en concepto de la conocida contribución 500 euros al año.

"Somos una familia de seis miembros que tenemos unos ingresos mensuales de 1.000 euros, que no vivimos en un chalé de lujo, y que no podremos hacer frente a ese pago, como así se lo advertimos a la Xunta", proclamó el cabeza de familia, y pidió una alternativa al alcalde para "poder sacar adelante a mis hijos".

La respuesta de Agustín Fernández, cimentada en los informes de los técnicos, negativa a modificar al margen de la ley, la humanizó al abrir la vía de pago aplazado del IBI, así como la ayuda del Concello vía Servicios Sociales. Un drama que llegó a un pleno salpicado por los enfrentamientos.