400.000 euros en facturas a un despacho letrado y un estudio de arquitectura

El PP quiso incorporarse a la causa por presunta prevaricación en la que permanecen imputados el alcalde de Ourense, su predecesor y la concejala de Urbanismo tras una denuncia de los sindicatos CIG y USO -la personación de los populares está pendiente de un recurso a la Audiencia-, aportando la documentación de las sucesivas adjudicaciones, por un montante de unos 400.000 euros, de informes y proyectos en asistencias a un despacho de abogados y un estudio de arquitectura de A Coruña.

El bufete acumula unos 150.000 euros en labores de asesoría y defensa jurídicas desde 2008. Desde los tiempos del primer bipartito, los encargos sucesivos al gabinete de arquitectos suma ingresos de las arcas municipales por unos 250.000 euros. La edil de Urbanismo, Áurea Soto, cuya área concentra la mayoría de los contratos a profesionales ajenos, tiene una queja perenne sobre carencia de personal. Por la caída del PXOM 2003 y el aluvión de reclamaciones. Por la planificación del nuevo marco. O se hacen contratos externos, o se "cierran servicios", defendió más de una vez.

Un asesor, imputado

Desde que planteó el recurso contra el PXOM 2003, el abogado Carlos Hernández, uno de los socios del despacho que encadena asistencias del Concello, es su asesor predilecto. La defiende en el caso de Bedoya, donde recusó al juez Piña. El contratado externo, además, está imputado en uno de los procesos contra el gobierno, el de la Plaza San Antonio. Tras conseguir con su informe que se impidiera la costosa demolición de la urbanización, está inmerso en una querella de la promotora "Casas Orense" por el aval jurídico, en 2007, a una licencia en la zona.