El cúmulo de investigaciones judiciales al gobierno de Ourense dejó ayer pasos cruzados. Dos causas con el mismo promotor detrás, dos causas contra la misma concejala. Pero también más coincidencias. Áurea Soto fue asistida en el caso del PXOM por una abogada del bufete Antas&Hernández, que ha recibido unos 150.000 euros desde 2008 en contratos y asistencias jurídicas del Concello de Ourense. Uno de los socios, Carlos Hernández, tendrá que declarar en abril como imputado en otro proceso: el de la Plaza de San Antonio donde también se investiga a Soto. El letrado hizo el informe para legalizar en 2007 el subsuelo de la urbanización, explotado por un parking pese a ser declarado dominio público por el TSXG. La edil destacó ayer su labor y se cruzó con él a las puertas del Pazo de Xustiza.
En un caso donde se indaga, además, el pago de 358.000 euros a una particular que luego retiró una demanda, el juez tomó declaración como testigo, entre otros, a un arquitecto de A Coruña A.F.C., otro adjudicatario recurrente de contratos externos del gobierno local. Según el denunciante, "falsos" y a la carta. En la investigación de las asistencias técnicas de Urbanismo que ha provocado, de momento, la imputación de 5 funcionarios, el PP cifró al juez sus minutas cobradas en 250.000 euros.
