Las plazas que formaban parte de la Oferta Pública de Empleo (OPE) del Concello de Ourense de 2010, en lo que se refiere a las de bombero y policías locales, pueden perderse por "irregularidades" en los procesos que se siguieron, después de que se cumplieran los cuatro años de plazo que establece la ley para que se cubran. Una situación que viene a generar más polémica sobre la política de personal del gobierno municipal, cuestionada tanto por los grupos de la oposición como por parte de los representantes sindicales, algunos de los cuales recurrieron a la vía judicial, presentando recursos al Contencioso-Administrativo.

El caso más reciente que se acaba de conocer, con recursos contenciosos presentados, se refiere a la convocatoria de siete plazas de bomberos, y que seguirán sin cubrir la plaza de sargento y de seis cabos, como así se establecía, y todo por el cobro de una tasa de 40 euros por derecho de examen a los aspirantes, y que en su momento aprobó la Junta de Gobierno Local, cuando esa competencia corresponde al Pleno.

Una cuestión sobre la que advirtieron en su momento representantes sindicales, que además lo reflejaban en el recurso contencioso que presentaron, y que ahora viene de confirmar el propio departamento de Recursos Humanos del Concello a través de una resolución, en la que deja claro que es suficiente para anular todo el proceso: "la obligación de que todos los aspirantes abonarán por derecho de examen una tasa de 40 euros".

Los argumentos que ahora refleja el jefe de servicio de Recursos Humanos, que no hacen más que ratificar la denuncia que presentó un trabajador, en el sentido de que no existe una ordenanza fiscal que imponga los derechos de examen establecidos, por lo que "no se puede exigir tal requisito", como así se hizo.

Además de aclarar que los mencionados derechos de examen vienen establecidos en la Bases generales para ingreso en el Concello, y en el caso de los 40 euros que tenían que abonaron los aspirantes a las plazas de bomberos se estableció por acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

Para mayor abundamiento, se concreta que esos ingresos tendrían carácter tributario, y su aprobación corresponden al Pleno del Concello y no a la Junta de Gobierno que se extralimitó en sus funciones, provocando que se cae todo el proceso.

Devolución

Otro de los aspectos relevantes, relacionados con la anulación de la convocatoria de las mencionadas plazas de bomberos, y que no se le puede "imputar" a los que optaron a las mismas, por parte del Servicio de Recursos Humanos se entiende que procede reconocer el derecho que tienen a la devolución de la cuantía económica que abonaron -los 40 euros-, para lo que el Concello lo realizará a través de transferencia bancaria.

En lo que se refiere a las plazas de tres oficiales de la Policía local, que se resolverán en la vía Contenciosa Administrativa, el proceso también estuvo marcado por la polémica, debido a las "irregularidades" que se detectaron, sobre todo en la composición de los miembros del tribunal, ya que tres de los cinco integrantes no cumplían los requisitos: por no haber un habilitado nacional, mientras que otros dos no contaban con la titulación exigida para formar parte del mismo.

Esto llevó consigo que se tuviese que paralizar el proceso y nombrar un nuevo tribunal, para de esa forma seguir adelante, aunque eso no evitó que se mantuviera por parte de sindicatos del Concello los recursos que se habían presentado. Aunque para la directora xeral de Personal, Carmen Rodríguez, como aseguró en su momento, al solventar esa situación y seguir adelante con las pruebas, quedaba resuelto el problema. Pero la decisión final serán del Juzgado.