El juzgado de instrucción de Verín ha registrado una denuncia presentada por la asociación cultural Alto Támega por posible delito contra el Patrimonio Histórico en el desarrollo de las obras de rehabilitación del castillo de Monterrei, clasificado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Precisamente, en la denuncia se detallan y muestran en fotografías los daños provocados por la maquinaria, denunciados hace un mes ante la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta, y que pueden "acarrear un grave e irreparable perjuicio dada la categoría de BIC nacional y bien protegido por ser patrimonio histórico y cultural", indica el escrito.

La asociación cultural observa que el régimen de protección que corresponde al castillo de Monterrei "obliga a extremar las precauciones pues cualquier destrozo puede no ser reparado jamás en las mismas condiciones".

Entre los daños detallados y fotografiados se incluyen muros de los siglos XVI y XVII, en varias entradas de acceso al recinto, e imágenes de su estado anterior y posterior al inicio de las obras, con piedras caídas por el paso de la maquinaria.

Además se pueden ver zanjas excavadas en el suelo, piedras levantadas del suelo en calzadas antiguas "que deben cubrirse de arena para garantizar su permanencia tras este tipo de obras", según las explicaciones incluidas en los textos.

Asimismo, aporta imágenes que bajo los epígrafes "museo antes" y "museo ahora", muestran piezas arqueológicas expuestas antes en el interior del Palacio de los Condes y ahora alineadas en el exterior, sobre un camino, y otras colocadas sobre un muro a la intemperie, además de piedras acumuladas como escombros procedentes de alguna de las construcciones y derribos provocados, según los denunciantes, por las vibraciones de las excavaciones.

Según la denuncia, los hechos pueden "acarrear graves e irreparables perjuicios" y desconoce si hay más daños al no poder acceder al lugar.

Suspensión y sanciones

El objetivo de la denuncia es que cesen los destrozos y se proceda de acuerdo al plan de rehabilitación previsto. También solicita al fiscal la suspensión cautelar las de las obras "hasta que compruebe fehacientemente que no existe riesgo para el patrimonio histórico y cultural y que se toman las medidas de precaución necesarias". Pide que se abran diligencias previas para investigar los daños constatados y otros posibles, y en caso de que las obras no estén adecuadas al plan vigente y al ordenamiento jurídico, "se proceda a la suspensión definitiva y a la posible condena y sanciones penales oportunas".