Las relaciones entre el gobierno socialista y los grupos de la oposición, especialmente con el mayoritario, el Partido Popular, son cada más tensas, generándose una conflictividad en el normal desarrollo de la vida municipal. Así se pone de manifiesto con la última acción de los populares, que dicen "verse obligados" a recurrir al Valedor do Pobo, ante el que presentaron una queja formal contra el alcalde, Agustín Fernández, y la concejal socialista y presidenta de la comisión de pleno, Áurea Soto, ante las reiteradas negativas de cumplir los acuerdos plenarios.

De esa forma, en el escrito remitido al Valedor do Pobo, los populares motivan su queja "por la falta de actividad y dejadez de funciones, tanto para el cumplimiento de acuerdos del pleno de la corporación como por la sistemática violación de los derechos fundamentales de los miembros del grupo municipal".

Entre las cuestiones que reflejan como pilares del argumento para la queja que presentaron, el portavoz popular, Rosendo Fernández, destaca la negativa sistemática del alcalde, -pese a las reiteradas peticiones realizadas por su grupo-, a cumplir con el acuerdo plenario del 29 de enero de 2013, en el que se aprobó, por 14 votos a favor de los grupos municipales del PP y BNG, y 13 votos en contra de los grupos de PSOE y Democracia Ourensana, que "a partir de ahora -de esa fecha- se celebre todos los meses de enero de cada año un pleno extraordinario que sirva de informe y control de gestión del gobierno municipal", el cual se denominó entonces como debate del estado de la ciudad.

Además de concretar la negativa del alcalde a convocar el mencionado pleno, dando así cumplimiento a un acuerdo plenario que es firme debido a que nunca fue recurrido, los populares hacen referencia también a diversos episodios de la negativa, tanto del alcalde en sesión plenaria como de la concejala y presidenta de la comisión de pleno a responder a las preguntas formuladas por su grupo; sosteniendo que es la "herramienta esencial para ejercer nuestra labor de control, fiscalización y oposición al gobierno".

También traslada al Valedor do Pobo la queja relacionada con la denegación de copias concretas de expedientes ya finalizados, así como las demoras, casi todas ellas injustificadas, para poder acceder a los mismos, algunos de los cuales, que afectan a importantes servicios, terminaron en la vía judicial por denuncias presentadas.