Las consultas relacionadas con servicios eléctricos fueron las que experimentaron un mayor crecimiento por parte de los ciudadanos que se dirigieron a la Oficina de Información al Consumidor (OMIC) del Concello de Ourense durante el pasado año, motivadas principalmente por las tarifas, la comprobación del importe de las facturas, cortes de suministros, en algunos casos sin previo aviso. Las consultas alcanzaron en total las 5.400. También canalizaron 455 reclamaciones sobre diferentes cuestiones. Además se procedió a atender 70 solicitudes de arbitraje y 35 mediaciones sobre diferentes cuestiones, vinculadas a reclamaciones.

La concejal de consumo, Marga Martín, explicó, durante el balance que realizó ayer, que las consultas sobre telefonía, tan foja como móvil, con 707, son la de mayor número, seguidas de las que están relacionadas con el alquiler de vivienda, luego los productos bancarios y electricidad.

En la comparativa realizada con 2012, destaca especialmente la reducción de consultas que se habían planteado sobre banca, que habían alcanzado las 816 debido a diferentes situaciones en las que se encontraban ciudadanos por productos bancarios, que fueron objetos de consulta y asesoramiento.

También destacó que el balance pone de manifiesto que se trata de un "servicio fundamental para los ciudadanos", sobre todo en cuanto a contar con una correcta información, además del asesoramiento y ayuda que se les ofrece en la OMIC, al objeto de defender sus derechos como consumidores, y de esa forma "evitar su indefensión", indicó.

Continuidad

Pero aprovechó su comparecencia la responsable de consumo para reivindicar la continuidad de este servicio municipal y expresar la preocupación del gobierno municipal debido a que el Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, recientemente aprobado por el Gobierno Central, "ponen en peligro este servicio, ya que retira a los concellos las competencias en materia de consumo".

De ahí que, para Martín, el Concello de Ourense, consciente de la importancia de la Oficina de Información al Consumidor como servicio cercano a los ciudadanos para la defensa de sus derechos, tiene intención de dirigirse a la Xunta de Galicia para que autorice la continuidad del servicio, delegando en el Concello la competencia para su prestación.