USO y CIG acusan de presunta prevaricación al alcalde, Áurea Soto y Carmen Rodríguez

Lo habían anunciado y ayer la formalizaron en el juzgado de guardia. Los representantes de los sindicatos USO y CIG en el Concello de Ourense presentaron una denuncia relacionada con las asistencias técnicas realizadas y que, según la documentación que aportan, podrían llevar consigo los presuntos delitos de prevaricación continuada y malversación de caudales públicos, de los que acusan al alcalde Agustín Fernández, a la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, y a la actual directora general de Personal, y antes edil no electa, Carmen Rodríguez.

En el texto de la denuncia los dos representantes sindicales, que dicen actuar en defensa de los intereses colectivos que se ven perjudicados por la decisiones políticas, argumentan que los contratos de asistencias técnicas -mediante un contrato menor- realizados, con mayor asiduidad, por la edil de Urbanismo, a pesar de que en 2007 una circular del área de Personal advertía de las posibles repercusiones negativas que podría tener esa fórmula de contratación para el Concello, como así se produjo, al reclamar esas personas, muchas de las cuales pasaron a ser personal laboral por sentencia del Juzgado de lo Social.

Y eso que en reiteradas ocasiones el interventor, a través de sucesivos informes de reparos, alertó de lo que podía suceder, aunque los decretos del alcalde, tanto el anterior, Francisco Rodríguez, como el actual, Agustín Fernández, los "levantaron" y siguieron manteniendo esa situación.

Así se sostiene en la denuncia que Áurea Soto, imputada en otros dos procedimientos judiciales, era "perfectamente conocedora" del contenido de los reparos del interventor y, a pesar de todo ello, mantuvo a esas personas en una situación de "completa ilegalidad", con contratos mensuales a través de "la peculiar e ilegal fórmula de contratos mensuales".

Y sostienen que el alcalde, Agustín Fernández, "era conocedor de las irregularidades", ya que mediante providencias permitió continuar con esa "ilegal situación" durante tres meses. Además de que, una vez se produjo la sentencia del Juzgado de lo Social, que dejaba abierta la puerta a una indemnización o quedar como personal laboral del Concello, en el que se fijaban unas retribuciones concretas para ese personal, luego fueron modificadas, llegando a duplicar lo estipulado por el juez.

Es por eso que en la denuncia se entiende que estas actuaciones, en las que se convierte en "cooperadora necesaria" Carmen Rodríguez, pueden ser constitutivas de un presunto delito de malversación de caudales públicos, cometido por las personas que tomaron la decisión de contratar a ese personal con retribuciones "sustancialmente superiores a las recogidas en las correspondientes sentencias", causando con esas decisiones un "evidente perjuicio al erario público".

Y ante la falta de información por parte del gobierno socialista, los denunciantes proponen en la denuncia que el juzgado reclame una serie de expedientes, así como que se practiquen diligencias, en el sentido de que acudan a declarar los que consideran directamente implicados en estas supuestas irregularidades.