La comisión del servicio de ayuda a domicilio se inicia con una revisión de la adjudicación

La petición de todo el expediente de adjudicación del servicio municipal de ayuda a domicilio marca el inicio de la comisión de investigación que se constituyó ayer, después de que hace casi dos meses se aprobase por unanimidad de todos los grupos políticos en un pleno.

Esta comisión estará presidida por la edil nacionalista Ximena González, y forman parte de la misma la concejal de Urbanismo, Áurea Soto, por el PSOE, el edil popular Miguel Abad, y la concejala de Democracia Ourensana, Susana Gómez.

La comisión parte de una moción presentada por el PP, para detectar posibles irregularidades en la empresa Fomento de Servicios Sociosanitarios (FSS), la concesionaria del servicio de Ayuda a Domicilio, una de las más costosas para el Concello, que atiende a personas mayores o enfermas en su domicilio.

La adjudicación del servicio de ayuda a domicilio se hizo por vía de urgencia en junta de gobierno en diciembre de 2011, a la UTE formada por la empresa FCC y la ourensana Corporación LS. El valor económico estimado era de 16,8 millones de euros. El servicio fue concedido por un período máximo de seis años a la empresa, de la que es gerente único, Alberto López, que lo era de la anterior concesionaria y exsocio de José Troncoso que llevaba hasta ese momento el servicio, ambos imputado en la investigación judicial que se lleva a cabo después de que DO presentase una denuncia.

Plicas

Lo que dejaba ayer claro el edil popular, Miguel Abad, es que la comisión se centrará en la nueva adjudicataria, por lo que no se entrará a investigar los sucedido con la anterior, ya que "ese asunto lo investiga el juez". En este sentido, subraya de lo que se trata es de analizar todo el expediente de adjudicación, y comprobar las presuntas irregularidades por supuesto plagio de pilcas, y otras cuestiones, que fueron objeto de denuncia, a través de varias mociones presentadas por el grupo popular.

Es por eso que la intención de Abad es pedir la comparecencia de varios funcionarios del área de Bienestar Social que tuvieron una participación directa en todo el proceso de adjudicación, algunos de los cuales se encuentran imputados en la investigación judicial.

Investigación judicial

Lo que criticaba ayer es que la creación de la comisión de investigación no fuese a iniciativa de la propia Concejalía de Bienestar Social, sobre todo después de que se pusiera en marcha la investigación judicial, y se fuesen descubriendo la existencia de presuntas irregularidades, de las que deja constancia en su auto el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Antonio Piña.

Algo que sí hizo la concejala de Medio Ambiente, Susana Bayo, cuando se detectaron las presuntas irregularidades por los incumplimientos de la empresa Acciona, a la que se le había adjudicado el mantenimiento de varias zonas verdes de la ciudad, y que concluyó recientemente.

Lo que tiene claro Miguel Abad es que la estrategia de la edil de Bienestar Social y teniente de alcalde, Marga Martín, fue la de "mirar para otro lado", hasta que la oposición en bloque apoyó la comisión.