El informe del interventor es disconforme con la aprobación inicial del nuevo Plan de Urbanismo

La aprobación inicial del nuevo documento del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), prevista en un pleno de noviembre, cuenta con el informe de fiscalización del interventor municipal "disconforme", en relación al estudio económico y la memoria de sostenibilidad económica que forman parte del correspondiente expediente. Y entre los argumentos que esgrime, señala, como más relevantes, los "errores y omisiones significativos" en la elaboración y confección del estudio económico, por entender que "le privan de su carácter de documento garante de la viabilidad económica de las actuaciones previstas en el planeamiento".

En el informe desfavorable de Intervención, y que para el gobierno socialista tiene consideración de irrelevante, a tenor de que lo llevó a la Comisión de Pleno para su dictamen favorable y poder llevarlo a la sesión plenaria, contando para ello con el apoyo del BNG, se advierte de que "no se efectúa un análisis previo o diagnóstico inicial de la situación económico-financiera del Concello de Ourense".

Y aunque no es un "informe vinculante", como así lo justificaron por parte del gobierno socialista, además de esgrimir un informe de la jefa del servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, en el que entiende que todos esos "errores" son subsanables después de la aprobación inicial, se trata de una apreciación que no es compartida por los grupos de la oposición, tanto PP como DO, que presentó una enmienda en este sentido y que fue rechazada con los votos de PSOE y BNG.

Lo que está claro, como así lo explicaron a FARO fuentes de la judicatura, es que la jurisprudencia es cada vez más exigente con el estudio económico-financiero. A este respecto, el Tribunal Supremo anuló el PXOM del Concello de Verín de 1998 por "insuficiencia" del mencionado estudio, algo similar sucedió con el Concello de Gondomar, por lo que desde la oposición se alerta sobre una situación que puede tener consecuencias negativas.

Es por eso que consideran especialmente significativo que en el informe de Intervención se deje constancia de que en el estudio económico-financiero presentado "no se encuentran referencias fundamentales", y señala el remanente de tesorería, el ahorro neto, o el límite de gasto no financiero que deriva de la última liquidación aprobada, junto con la capacidad de endeudamiento del Concello.

Como consecuencia, para el interventor, en lo que se podría "irrealidad de las previsiones", revela la "inexistencia" de un auténtico análisis de viabilidad económica, debido a que se parte de una premisa -capacidad económica del Concello- sin que "se aporten datos o proyecciones estadísticas con base en datos y cuentas aprobadas que permitan contrastar la citada capacidad económica".

Sin presupuestos

Otra de las cuestiones a las que hace referencia el interventor en su informe desfavorable a la aprobación inicial del nuevo PXOM es que no se tiene aprobado un límite de gasto financiero, tal y como resulta preceptivo, ni elaborado el marco presupuestario a un mínimo de tres años, así como las "proyecciones" de las principales partidas de ingresos y gastos, como así establece la ley.

Es por eso que, al no contar con un mínimo estudio de la situación económica del Concello, y al asignar un gasto de 36 millones de euros sin presupuestos aprobados a día de hoy, se puede incurrir en déficit estructural, algo que impide la legislación vigente.

Y en lo que se refiere a la memoria de sostenibilidad económica, en concreto a la cuantificación de las actuaciones, se asignan gastos a otras administraciones "cuando no consta su conformidad", sino todo lo contrario. Así, concreta que en el expediente figura una resolución del presidente de la Diputación, en la que además de advertir "errores" en la cuantificación de las actuaciones a cargo de este organismo provincial, informa desfavorablemente las inversiones que se le trasladan por un valor económico que supera los 14,4 millones de euros, a la vez que "emplaza" a las partes que intervienen en las actuaciones para "la busca de soluciones de consenso".

El reparto que hace el Concello, de los más de 353,4 millones de euros total, asumiendo 36,8 millones (10,40%), a la Administración central le asigna 166,4 millones (un 47%), a la Xunta 64,9 millones (18,35%), a la Diputación 14,4 millones (4,07%), y a los denominados agentes urbanizadores algo más de 71,3 millones de euros (20,15%).