Ferro: "No pleiteo contra el Concello sino contra un acuerdo plenario"

José Luis Ferro.  // I. Osorio

José Luis Ferro. // I. Osorio

L.F. | CELANOVA

El alcalde de Celanova, José Luis Ferro, aclara que él no pleitea contra el Concello sino contra un acuerdo plenario tomado por los grupos de la oposición, después de ser advertidos de que era una cuerdo ilegal.

El alcalde de Celanova dice que es mentira que él presentara un recurso contra el Concello que el mismo preside, sino que es contra dicho acuerdo tomado de forma mayoritaria y siguiendo un procedimiento irregular por los ediles de la oposición formada en estos momentos por 3 ediles del BNG, 3 del PSOE y "un tránsfuga que una vez más mantiene robada la opinión mayoritaria democráticamente tomada en las últimas elecciones municipales".

Aclara el regidor que se vio obligado a acudir a los tribunales de justicia, con el fin de dilucidar no solo tal ilegalidad sino con el fin de depurar las posibles responsabilidades penales que puedan contraer los propios concejales al votar, "a sabiendas, algo sobre lo que estaban avisados de su irregularidad".

Dice que el acuerdo plenario vulnera distintos preceptos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de la Ley de Haciendas Locales y del ROF, y que este acuerdo pudo ser tomado cumpliendo con la legalidad vigente, pero la oposición, en una actuación que no tiene precedentes en este concello, "quisieron colocarse por arriba de la Ley y decidieron efectuar tal ilegalidad con el único propósito de pagarle a la tránsfuga del PP un precio político por su apoyo en otras votaciones".

Asimismo, Ferro indica que desde que llegó a la alcaldía no lo mueve ningún tipo de interés económico, sino únicamente el cumplimiento de sus obligaciones legales, y recuerda que tan pronto llegó se redujo su salario en un 25 por ciento hasta equipararlo con los funcionarios de máxima responsabilidad del Concello, y que en la actualidad su nómina líquida mensual es de 1.709 euros al mes, y que en lo que va e año las dietas percibidas son de 597.

Añade que si algún gasto se deriva de las arcas municipales en esta actuación judicial será para los de abogado y procuradores que vienen impuestos precisamente por los ediles del BNG, del PSOE y tránsfuga del PP, puesto que si dependiera de él sería nombrado el abogado de la Diputación que sería gratuito.

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