El PP de Punxín se resiste a rescindir el contrato con Aquagest a pesar de que sus vecinos llevan meses pidiéndoselo. Ayer volvieron a hacerlo a través de un pleno extraordinario en el que los cuatro concejales liderados por el alcalde Manuel Vázquez tuvieron serios problemas para ponerse de acuerdo en la votación.
Hasta tres veces votaron el primer punto que proponía la revocación del contrato del servicio de abastecimiento que consume el 33 por ciento del exiguo presupuesto municipal. La secretaria no dio por válida la resolución mientras no quedó claro que el PP (que dos veces votó a favor) rechaza anular una adjudicación inadecuada para un municipio de 801 vecinos.
La comisión vecinal del agua creada para promover la revocación asegura que la propia empresa admitió que el contrato no es el correcto para un municipio tan pequeño. El portavoz, Joaquín Moldes, sospecha que hay irregularidades detrás de esta privatización que se realizó bajo el mandato socialista siendo alcalde Alfredo Cruz, y ha hecho llegar toda la documentación sobre esta concesión al Juzgado de Instrucción número Uno de Lugo, del que es titular la instructora de la Pokémon, Pilar de Lara.
La confusión que se generó en el pleno llevó a votar cinco veces los dos únicos puntos que se sometieron a debate en una sesión dirigida por la secretaria municipal, que llegó a ser abroncada por los vecinos por no dar por válida la primera votación en la que todos los concejales del PP apoyaron rescindir el contrato.
En todo caso, los vecinos se dieron por satisfechos igualmente porque el segundo acuerdo autoriza la creación de una comisión de gestión mixta integrada por los dos grupos políticos representados en la corporación y por miembros de la plataforma del agua para negociar la disolución del contrato. Este punto dividió al PP y dejó claro lo que el concejal socialista Amadeo Vázquez pidió que se reflejase en el acta plenaria, que "el único que pone obstáculos para rescindir el contrato es el alcalde". Los concejales populares Asunción Fernández y José Rodríguez Arias votaron a favor de crear la comisión, y el regidor y otro edil, en contra. La edila matizó no estar de acuerdo con el contrato pero se mostró partidaria de "revocarlo legalmente", mientras que el concejal José Rodríguez, agotado por la confusión que se generó, llegó a decirle por lo bajo a su grupo que "tienen razón", señalando a la oposición socialista.
Lo que admiten con su pronunciamiento los dos ediles que ayer rompieron la disciplina de voto de su partido, liderado por el alcalde Manuel Vázquez, es que el contrato es abusivo para un municipio que no llega a los mil habitantes y que ha visto incrementado el gasto de abastecimiento desde la privatización en un 300%. El recibo del agua, según explicaron algunos vecinos antes del inicio del pleno, llega trimestralmente con un fijo de "30 euros sin consumir". Pero además, varias analíticas han revelado la presencia de arsénico en tres puntos del municipio en niveles de 25, un parámetro muy alejado del 10 que marca como máximo la Organización Mundial de la Salud. Los vecinos mostraron su disgusto ayer al descubrir de boca del alcalde que este ya conocía antes que ellos la presencia de ese tóxico en las aguas y le preguntaron indignados "¿por qué dejó que siguiéramos consumiendo?".
Aquagest se hizo con un contrato para 25 años que se extingue en 2034 y que recoge una aportación anual, además de la facturación, de 107.000 euros, una cantidad que "estrangula" al Concello, aseguran los vecinos. Pero además, el grupo socialista aseguró que la empresa "cobra sin prestar el servicio" y enumeró una serie de incumplimientos, negados o ignorados por el alcalde que se conformó con explicar que las analíticas "estarán hechas" e invitó a "verlas". Ante la insistencia de los socialistas, el regidor se limitó a apuntar que "yo no puedo estar ahí diciéndole, son ellos los que lo tienen que hacer". El PSOE se echó las manos a la cabeza para recordarle que "usted tiene el deber de fiscalizar a la empresa privada" mientras los vecinos suspiraban abrumados.
Manuel Vázquez se mostró partidario de cumplir el contrato aunque la empresa no haya presentado las cuentas anuales y afirmó desconocer que el documento se puede revisar, modificar o anular. La asesora jurídica de Aquagest "lo dijo públicamente en una reunión, pero no a mí".
El PSOE expuso que Aquagest se gastó 3.000 euros en analíticas en 2012 mientras el pliego exige un gasto de 9.384 euros y "cero" en fosas sépticas, cuando el contrato marca 3.676. El alcalde concluyó que "da igual, el contrato dice que hay que pagarles 107.000 y hay que dárselos".
