Un total de 25 sentencias con resolución desfavorable para la Diputación de Ourense suman 148.129 euros en concepto de indemnizaciones que la institución provincial ha tenido que abonar a los demandantes en los últimos quince meses. La mayoría de los pagos corresponden a compensaciones por demandas de despido y responsabilidad patrimonial que se presentaron desde enero de 2012 y coincidiendo con el mandato del presidente Manuel Baltar, que tomó posesión el 6 de febrero.

La cuantía más voluminosa que ha tenido que abonar la institución en este tiempo corresponde a una sentencia por despido presentada por José Ramón I.G. y estimada por el Juzgado de lo Social número 2 de Ourense que impuso el pago de 46.919 euros al trabajador.

El despido es una de las causas más comunes en la larga lista de demandas a las que se enfrenta la Diputación (63 desde enero de 2012), después de las demandas por responsabilidad patrimonial. En total, desde que Baltar Blanco preside la Diputación aplicando su plan de adelgazamiento y optimización de recursos, incluidos los humanos, se iniciaron 15 procesos judiciales por despido de los cuales diez fueron estimados y resueltos con la fijación de una cantidad compensatoria. Uno fue desestimado y otro finalizó con conciliación. Otros dos casos están actualmente en trámite y un tercero afecta al ERE que afectó a 24 personas y que fue recurrido ante el TSXG por Comisiones Obreras y el comité de empresa. El juicio se celebrará el 25 de abril y no excluye que la mayoría de los trabajadores presenten demandas individuales, lo que disparará el número de procesos judiciales. Además de los citados también hay casos de liquidación tributaria, cesión ilegal de trabajadores, reclamación de trienos y seguridad social, entre otros.

De los 64 procesos judiciales iniciados desde enero de 2012 que completan la lista entregada el viernes por el presidente de la Diputación al grupo provincial socialista a requerimiento del portavoz Ignacio Gómez, en solo uno es la institución provincial la que demanda. Se trata de una causa por responsabilidad patrimonial que llegó al Juzgado de Primera Instancia contra José R.D. y que finalizó en un acuerdo extrajudicial por el que el demandado abonó a la Diputación la cantidad de 20.000 euros.