"Solo pido que me operen para poder trabajar"

Si la administración no lo remedia, Sandra Iglesias, de 33 años y una convencida voluntad por volver al trabajo pese al sufrimiento por la dolencia en un hombro que desde hace meses la inhabilita, será propuesta para una situación de incapacidad en menos de tres meses, cuando se cumplan dos años desde el accidente laboral que la está lastrando. El 20 de junio de 2011, sufrió una caída durante el horario de trabajo en la entrada del hospital de Ourense por una acumulación de agua en el pasillo. La mujer aguarda, sin saber siquiera si forma parte de las listas de espera, una intervención quirúrgica admitida en principio por el Sergas y que, aunque sin fe ciega, parece en este momento su tabla de salvación. "No estoy pidiendo nada de otro mundo ni imposibles ni busco ningún privilegio. Solo reivindico mi derecho a la sanidad que necesito y que me operen, porque yo quiero trabajar. Sé que la intervención no me garantiza nada pero es lo único que hay".

La celadora, contratada desde 2006 como personal laboral en las listas de la sanidad gallega, permaneció durante meses de baja realizando rehabilitaciones, costeándose tratamientos complementarios a los que le cubría el sistema público y sin culminar su sacrificio en una recuperación plena. Ha presentado dos demandas en la vía judicial con la asistencia de su abogada Eva María Yáñez, acciones legales dirigidas contra el Sergas y principalmente el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La administración ordenó el alta de la trabajadora que, como relata, no puede incorporarse con facultades completas hasta que no le resuelvan su problema médico.

"Nos están obligando a acudir al juzgado una y otra vez, a asumir todos los gastos", retrata la letrada del despacho ourensano Carnicero Blanco. Mañana, Sandra Iglesias ha sido citada una vez más por el equipo de valoración de capacidades del INSS para revisar su estado y sospecha que nuevamente decretarán su alta laboral. "Si el equipo evaluador lo entiende de esa manera, será la tercera vez que me la dan estando como estoy", lamenta la mujer con un rostro cansado que transparenta su dolencia crónica.

En octubre del pasado año, tras acudir a la vía judicial como último recurso, el Social Número Tres reconoció que Sandra "no estaba capacitada para trabajar" a expensas de la cirugía.

Tras ese dictamen, el Sergas no resolvió la situación sino que comunicó a la celadora que era preciso consultar a diversos centros médicos de Galicia para saber dónde llevar a cabo la operación al no existir ningún profesional en Ourense para llevar a cabo la neurotomía atroscópico que la justicia estimó necesaria. Una intervención cuyo especialista idóneo, según la trabajadora, está en Madrid.

"Un mes y cuatro días después de la sentencia del Social Nümero Tres", subraya su abogada en una de las demandas, el INSS acordó dar de alta nuevamente a la mujer.

La celadora se ha dirigido en varias ocasiones por escrito al Sergas para urgir la prueba médica aconsejada por los profesionales para su curación. El pasado 7 de marzo, solo tres días antes de que mañana vuelva a tener cita de evaluación, la mujer fue meridiana y advirtió al INSS: "Como quiera que esta esperpéntica situación ha colmado mi paciencia les indico, igualmente, que de proponerse el alta -haciendo caso omiso a la necesidad de que se practique la prueba médica referida- me veré obligada no solo a recurrirla sino a interponer una querella criminal".